De Juana Chaos es uno de los peores asesinos de la historia de la banda terrorista ETA, lo que no le impide ubicarse fuera del alcance la justicia aprovechándose de los beneficios de un código penal español más preocupado de beneficiar al delincuente que de resarcir a las víctimas.
Su participación directa en veinticinco asesinatos cometidos por la banda, además de la realización de labores de organización en el entorno terrorista, le llevaron ante la justicia en 1987 para ser condenado a casi tres mil años de cárcel. Lo que hubiera sido de hecho una cadena perpetua, con el código penal español, no por tantas veces revisado menos lamentable, se convirtió finalmente en dieciocho años de privación de libertad, tras los cuales tenía todas las posibilidades de acabar en la calle como cualquier otro ciudadano que jamás hubiera cometido una falta. Tan sólo la insistencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, procesándolo por delitos de enaltecimiento del terrorismo, permitió que volviera a la cárcel, no sin antes protagonizar una grotesca huelga de hambre que nadie creyó salvo él mismo y unos medios de comunicación internacionales, protagonistas de uno de los episodios más siniestros de la historia informativa reciente.
De Juana Chaos fue finalmente puesto en libertad en agosto de 2008. Cuatro días más tarde, la Audiencia Nacional abrió diligencias por el delito de enaltecimiento del terrorismo que ha llevado finalmente a pedir su extradición de suelo irlandés. Demasiado tarde. Una justicia lenta y un código penal absurdamente benévolo le han dado el tiempo y los recursos necesarios para desaparecer sin que ni las autoridades irlandesas ni las españolas conozcan su paradero. Algo parecido ha ocurrido con la estrambótica desaparición de otro asesino etarra, Iñaki de Rentería, al que la policía busca tras su salida de prisión, después de que la Audiencia Nacional se negara a procesarle por el intento de asesinato del Rey Juan Carlos, sin que nuestra justicia atine a hacer otra cosa que culpar al país vecino.
De Juana Chaos nunca se ha arrepentido de sus crímenes y mucho menos ha pedido perdón a los familiares de sus víctimas, que es lo menos que se debería exigir a un asesino antes de ser puesto en libertad en cumplimiento de unos beneficios penales que, según dicta el sentido común, sólo deberían ser aplicados a quienes de modo fehaciente se retracten de su pasado sanguinario. Hablamos del criminal que en marzo de 1993, tras el asesinato del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa, mostró su alegría escribiendo "sus lágrimas son nuestras sonrisas". La misma alimaña que en mayo de 1998, tras el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero, solicitó al director de la prisión champán y langostinos para celebrarlo.
Hoy está desaparecido, lo que constituye un insulto añadido a sus víctimas y una ofensa más a los ciudadanos que juiciosamente quieren que los asesinos paguen por el daño causado hasta sus últimas consecuencias. Veinticinco seres humanos inocentes, destrozados por las bombas y los disparos de un sucio asesino, no merecen menos. La sociedad española tampoco.