Todo lo relativo a la confesionalidad, la aconfesionalidad y la laicidad de Estado quedó resuelto hace tres décadas cuando se aprobó la Constitución. O eso creíamos. La semana pasada, un juez de Valladolid puso de nuevo esta vieja querella sobre la mesa al dictaminar que los crucifijos de un colegio público vallisoletano deben ser retirados de inmediato porque "vulneran los derechos fundamentales".
La Carta Magna que, insistimos, va a cumplir 30 años, es explícita al respecto. En su artículo 16.3 establece la aconfesionalidad del Estado español. Aconfesionalidad que no entra en conflicto con "las creencias religiosas de la sociedad española" que, tanto en 1978 como ahora, son mayoritariamente cristianas en su variante católica. Lo que, en un esfuerzo de consenso, la Constitución apartó de la agenda partidista, ha sido recuperado por buena parte de la izquierda cuyo objetivo –a estas alturas ya declarado– es subvertir el sistema nacido en el 78 para sustituirlo por el suyo propio que tiene muy poco de consenso y mucho de ordeno y mando.
Del espíritu revanchista y cainita de esa nueva izquierda española ya se sabía casi todo. Tanto en el plano religioso, donde alardea de un trasnochado anticlericalismo propio de otros tiempos, como en el histórico, especialidad de la casa común de la izquierda cuya obsesión y monotema es ganar la Guerra Civil 70 años después de su conclusión. Lo que sorprende es que en esta campaña laicista y, por definición, anticonstitucional, se haya embarcado con singular entrega uno de los padres de la Constitución. Gregorio Peces Barba, ex rector de la Universidad Carlos III y, sobre todo, redactor de la Constitución ve oportuno que se retire la simbología religiosa de los colegios porque, según él, éste es un Estado laico. No, no lo es, y no lo será mientras siga en vigor la Constitución que él mismo contribuyó a alumbrar y que parece haber olvidado. Como el propio Carrillo reconoció hace casi 30 años con respecto a la aconfesionalidad del Estado consagrada en el artículo 16.3:
No es porque estemos dispuestos a dar ningún privilegio a la Iglesia católica ni porque creamos que es una forma vergonzante o solapada de afirmar la confesionalidad del Estado.(...) Lo que hay (...) es el reconocimiento de que en este país la Iglesia católica, por su peso tradicional, no tiene, en cuanto fuerza social, ningún parangón con otras confesiones igualmente respetables, y nosotros, precisamente para mantener ese tema en sus justos límites, hemos aceptado que se cite a la Iglesia católica y a otras confesiones en un plano de igualdad.
Los apóstoles de lo laico fundamentan sus convicciones en que la libertad religiosa que consagra la Carta Magna choca con símbolos como los crucifijos en la escuela pública donde, por descontado, a nadie se le obliga a estudiar religión: ni católica ni ninguna otra. Si se toman tan en serio el tema de la libertad de conciencia, no estaría de más que se replanteasen la polémica asignatura de "Educación para la Ciudadanía" que, no tan casualmente, va dirigida a eso mismo: a moldear la conciencia de los jóvenes.
Pero no se lo replantean, al contrario, aspiran a retirar un simple símbolo que entronca con la cultura española –emparentada muy de cerca con el cristianismo desde hace siglos–, pero no ven problema alguno en que a la juventud se la inculque por decreto los prejuicios y fantasmas habituales de la izquierda, entre los cuales se encuentra la cristofobia que es, a fin de cuentas, de lo que va todo esto.