Un auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acaba de dar "luz verde" al proceso que no sólo llevará al juez Garzón al banquillo, acusado de un delito de prevaricación, sino que conllevará, de acuerdo con la ley, su suspensión cautelar en el ejercicio de la función judicial. En un auto de impecable lógica jurídica, Varela no sólo rechaza las nuevas diligencias que, después de haber apremiado al Supremo, había solicitado Garzón, sino que reafirma la "veracidad probable" de las denuncias que acusan al juez estrella de un delito de prevaricación al abrir, sin competencia legal alguna para ello, una causa general a la guerra civil y el franquismo.
Así, ante la surrealista pretensión de Garzón de atender a un supuesto debate sobre el alcance de la prescripción de los delitos, de la irretroactividad de la ley o de la validez de las leyes de amnistía, Varela recuerda que "el limite y también la razón de ser, la única, de la independencia del juzgador en una sociedad democrática es la recta aplicación de la ley vigente". Varela reconoce el derecho a quienes quieran cambiar la legislación vigente a tratar de obtener la mayoría parlamentaria necesaria para ello, pero lo que no se puede admitir es que ello lo trate de perseguir un juez penal en el ejercicio de sus funciones.
Como bien señala Varela, "el ejercicio de la potestad jurisdiccional no es el ámbito propio de la teorización, como tampoco lo es de lo que algunos denominan imaginación creativa, por muy honesta o bienintencionada que se autoproclame". Pretensión nada honesta –añadimos nosotros– por cuanto Garzón, cuando le ha interesado, sí que ha respetado la legislación vigente para proteger a los acusados por crímenes del llamado "bando republicano", tal y como sucedió con el sobreseimiento de la causa contra Santiago Carrillo.
Varela insiste, no obstante, en la "probable veracidad" de que Garzón procediera a sabiendas de la antijuricidad de sus actuaciones al señalar que, con ellas, vulneró principios jurídicos tan elementales y esenciales al Estado de Derecho como los de la legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía del 77. Eso, por no hablar de su ignorancia de hechos no menos notorios como el de que Franco, como el resto de los acusados por Garzón, ya ha había fallecido.
Ante este auto, en el que Varela –magistrado de línea progresista y fundador de Jueces para la Democracia– no desarrolla sino una necesaria defensa de lo obvio, no faltarán quienes traten de volver a presentar a Garzón y su afán de notoriedad como alguien que, movido por el afán de Justicia, ha terminado siendo un nueva victima del franquismo y de las denuncias de organizaciones de extrema derecha como Falange, personada en la causa. Con ello dejarán, sin embargo, en evidencia el mismo desprecio a la ley y al Estado democrático y de derecho que el "juez estrella" ha demostrado en su disparatada actuación judicial, que probablemente no será la única por la que vaya a sentarse en el banquillo. Y es que a Garzón no se le va a juzgar por su visión de la Guerra Civil y del franquismo –vergonzosamente maniquea, dicho sea de paso– sino por haberse saltado a la torera la ley en su función de juez y a sabiendas de lo que hacía. Así mismo, cuestionar el proceso contra Garzón por la ideología de quienes lo han iniciado es tanto como discriminar el derecho que tiene todo ciudadano a acudir a los tribunales en función de sus ideas políticas. Y es que la "imaginación creativa" de algunos parece no tener limites ni en autos judiciales ni en titulares de prensa.