Cuando era líder de la oposición, Mariano Rajoy calificó de "disparate" el "injusto" impuesto sobre el patrimonio. Por su parte, Cristóbal Montoro prometió "dejar morir" dicho gravamen en 2012 en el caso de que el PP ganara las elecciones de 2011. Pues bien, estos redomados traidores al ideario que tradicionalmente había defendido el PP acaban de penalizar a la única comunidad autónoma que se ha mantenido fiel a la supresión de dicho impuesto con una propuesta consistente en repartir entre las CCAA una cantidad cercana a los 600 millones de euros en función de la recaudación de cada una por dicho tributo. Así, las Administraciones regionales más beneficiadas por esta ayuda extraordinaria serán aquellas que, como la catalana, hayan llevado más lejos el otrora "injusto" y "disparatado" gravamen, mientras que Madrid no recibirá un solo euro, habida cuenta de que lo ha suprimido totalmente.
Lejos de paliar la injusta distribución de fondos que Madrid padece con el actual modelo de financiación autonómica –es la comunidad que menos percibe en relación con lo que sus habitantes aportan a través de todos los impuestos–, Montoro la agrava en beneficio principalmente de una Administración como la catalana, completamente inmersa en un ilegal y carísimo proceso de construcción nacional que va mucho más allá del coste puntual que implica la celebración de una consulta secesionista.
A ello hay que sumar que el Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una moratoria por la que la Generalidad catalana no tendrá que devolver, tal y como estaba previsto, 2.475 millones el próximo año por el exceso recibido en 2009, sino que podrá hacerlo en los cinco años siguientes, hasta 2019. De dicha moratoria también se beneficiarán, aunque en menor medida, Administraciones como la andaluza o la valenciana, que si bien no están inmersas en proceso separatista alguno, también hacen caso omiso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a sus objetivos de recorte del déficit.
Por otro lado, el mismo día en que Artur Mas comunicaba las preguntas con las que va a hacer caso omiso a la soberanía nacional, Montoro aprobaba una ayuda extraordinaria a la Generalidad de 874 millones de euros, a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica, fondo del que ya venía siendo la gran beneficiaria desde que Mas lanzara su chantaje de pacto fiscal o consulta soberanista.
Asimismo, no ha de olvidarse los objetivos de reducción de déficit más laxos con los que Montoro ha premiado en 2013 a la Generalidad catalana y a otras Administraciones que incumplieron en 2012.
Es evidente que lo que el Gobierno de Rajoy quiere evitar a toda costa es tener que intervenir la Generalidad. Lo puede evitar, ciertamente, simulando que lo que pretenden hacer y ya están haciendo los dirigentes nacionalistas no acarrea consecuencias de tipo penal. O limitándose a no reconocer efectos jurídicos a los resultados de la ilegal consulta secesionista, o dejando en papel mojado el artículo 155 de la Constitución, o la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que nada evitaría a Rajoy el tener que intervenirla sería que entrase en suspensión de pagos. Esa, y no otra, es la razón por la que este irresponsable presidente está financiando extraordinariamente a la Generalidad, a pesar de ser el primero en saber que ésta dedica la mayor parte de esa ayuda a una despilfarradora construcción nacional en abierto desafío a la Constitución y a la Nación.
Mientras no se sea consciente del vértigo que le produce a Rajoy su deber de hacer cumplir la ley no se entenderá la carencia de temor alguno en Mas a la hora de violarla.