Desde un comienzo el todavía juez Baltasar Garzón tenía una difícil escapatoria de las consecuencias penales por su intento de apertura de una causa general contra el franquismo. En efecto, el artículo 446 del Código Penal tipifica un delito que si bien resulta casi imposible de demostrar en la mayoría de los casos –el de prevariación: dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son–, de las actuaciones de Garzón sí se colegía su continuada y permanente comisión, destinada a utilizar la magistradura como un aparato de propaganda política.
Así, Garzón no dudó en admitir a trámite en octubre de 2008 un proceso para abrir 19 fosas e investigar las desapariciones sucedidas durante la Guerra Civil y el franquismo pese a que la Fiscalía le solicitó en enero de ese mismo año que no lo hiciera por ser manifiestamente incompetente y por tener escasos visos de prosperar. Los argumentos aducidos en contra eran contundentes: los delitos habían prescrito por la Ley de Amnistía de 1977, el concepto de "crímenes contra la Humanidad" en el que se amparaba Garzón se desarrolló con posterioridad a los delitos (irretroactividad de la norma penal), no había autores imputables por los crímenes debido a su defunción y, por último, la competencia para abrir las fosas en todo caso correspondería a los juzgados territoriales.
Pero, pese a que los argumentos de la Fiscalía eran incontestables y por tanto Garzón no debería en ningún caso haber admitido las denuncias, sin embargo, no sólo lo hizo, sino que convirtió el auto en un texto de mala literatura y peor historiografía sobre nuestra Guerra Civil. ¿Prevaricó Garzón? Es decir, ¿se declaró competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo aun sabiendo que no lo era? Parece claro que sí.
En primer lugar, no parece muy lógico que el "juez estrella" no tuviera noticias de la muerte de Franco, de Queipo de Llano o del genera Mola y que, por tanto, no supiera que inició las actuaciones siendo consciente de que no iban a prosperar.
En segundo lugar, pocas semanas después de declararse competente, Garzón decidió inhibirse de la causa a favor de los juzgados territoriales empleando argumentos muy similares a los que le había expuesto la Fiscalía para que desde un comienzo no asumiera la competencia (y, de nuevo, lo hizo convirtiendo el auto en una tesina sobre el franquismo). Es complicado, pues, que el juez pueda sostener que no asumió la competencia en la causa a sabiendas de que no debería haberlo hecho, pues la Fiscalía ya se lo había comunicado en enero.
Y, por último, Garzón sólo podría justificar que no prevaricó por haber obiviado la Ley de Amnistía del 1977 alegando que desconocía esa ley. Ahora bien, como ya sostuvimos en Libertad Digital y como muy apropiadamente recordó ayer el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de Garzón que pedía el archivo del proceso, el juez se valió hace unos 10 años de la Ley de Amnistía para rechazar una querella interpuesta por los familiares de los fusilados en Paracuellos contra Santiago Carrillo. La decisión del magistrado no sólo demuestra su doble vara de medir y su marcado sesgo ideológico, sino que sí conocía la Ley de Amnistía –como por otro lado cabía esperar de un jurista– y que la inaplicó.
Afortunadamente, el muy habitual corporativismo judicial no ha sido obstáculo en esta ocasión para que no se archive el caso y, por tanto, Garzón vaya a ser en un futuro cercano imputado formalmente por prevaricación y por consiguiente suspendido de manera cautelar por el CGPJ. Sólo falta que con tras la celebración del juicio oral, el Supremo decida apartarlo definitivamente de la carrera judicial para empezar a purificar nuestros tribunales de personajes que sólopretenden utilizar los resortes del poder para promocionarse ante los medios de comunicación y, sobre todo, para perseguir a sus enemigos ideológicos.