Sólo por el hecho indiscutible de que la pericial de explosivos en la causa del 11-M sólo pudo llevarse a cabo con 23 míseros fragmentos es suficiente para desacreditar la instrucción que el ministro socialista califica de "magnífica"
La decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de investigar los restos de uno de los focos que estalló en los atentados del 11-M, descubiertos por Libertaddigital, parece que está poniendo algo nerviosos a no pocos dirigentes políticos. Quizá la más patética reacción de cuantas ha habido a esta noticia haya sido la del ex ministro del Interior y actual diputado socialista Antonio Camacho, quien ha criticado que se “reabra” la causa del 11-M sobre la base de que su instrucción fue “magnífica”.
Para empezar, las diligencias que ha ordenado el Fiscal General del Estado respecto al vagón encontrado en un almacén de la empresa Tafesa, y que este miércoles ha empezado a ser precintado por la policía, van dirigidas, por el momento, a averiguar si son prueba de la comisión de un delito de obstrucción a la Justicia, que, en todo caso, se habría producido con posterioridad al 11 de marzo de 2004. Cosa distinta, aunque lógica y directamente relacionada, es la instrucción de la causa del 11M; bochornosa por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque algo tan esencial como la pericial de explosivos sólo pudo llevarse a cabo con 23 míseros fragmentos, previamente lavados, además, con acetona. Por mucho que los peritos pidieran expresamente más muestras para analizar, la respuesta fue siempre la de que todos los vagones afectados habían sido fundidos, algo que, ya de por sí, contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como el propio reglamento de los Tedax.
Lo cierto, sin embargo, es que, según la declaración de la dirección de Tafesa, tanto la Policía, como Renfe como el juez instructor, sabían de la existencia de estos restos del vagón explosionado, que, de haber sido analizados, hubieran podido ser determinantes para averiguar qué es lo que explosionó en el 11-M. En su defecto, y en el de las toneladas de muestras destruidas, la pésima instrucción del juez del Olmo hizo de la famosa mochila de Vallecas la principal prueba del caso, a pesar de que esta no había aparecido en los trenes del 11-M, sino en una comisaría 18 horas después del atentado. Para colmo, esta mochila llevaba metralla, pero en los cuerpos de las 192 víctimas mortales del 11-M no aparecieron no clavos ni tornillos, ni ningún tipo de metralla de origen terrorista, tal y como dictaminaron las autopsias.
No acaba aquí, sin embargo, lo que el ex ministro califica de “magnífica” instrucción. A punto de cumplirse los ocho años del atentado, no se sabe quienes son los autores intelectuales del atentado y sólo se ha identificado a uno de los 12 colocadores de las bombas, Jamal Zougam; las declaraciones de los testigos oculares que señalaron a Zougam se produjeron con posterioridad a que los medios de comunicación dieran a conocer su rostro como presunto implicado y solo después de ser beneficiadas por el Estado en condición de víctimas; la instrucción dio credibilidad a unos documentos que han resultado ser falsos en relación al origen del teléfono encontrado en la mochila de Vallecas que condijo a su detención; se falseó la hora de entrada en comisaría de otra de las pruebas de cargo como fue la furgoneta de Alcalá; y así podríamos seguir enumerando muchas más “irregularidades” en lo que el ex ministro del Interior tiene la desfachatez de calificar de “magnífica instrucción”.
