Proclamaba recientemente el Rey que "la Justicia debe ser igual para todos". Y así debe ser, no sólo en referencia, ciertamente, al yerno de un monarca, sino también de quien ha sido ministro de Fomento y actualmente es diputado socialista, José Blanco, contra quien el Tribunal Supremo acaba de abrir un proceso penal por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho en el marco de la conocida como operación Campeón.
Lo que también tiene que ser "igual para todos", además de la Justicia, es la demanda de responsabilidades políticas; una exigencia por la que, desde el primer momento, Blanco reclamó insistentemente la dimisión del presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps, por un asunto infinitamente menos grave, y que ni siquiera tiene consecuencias penales, como es el de los trajes.
El tiempo y la Justicia dirán si el asunto de los trajes es un montaje contra el PP, tal y como Blanco pretende que creamos que lo es la operación Campeón; pero lo que es un hecho es que si Francisco Camps presentó su dimisión muy poco tiempo después de ser elegido presidente de la Generalidad, con igual o mayor razón José Blanco debería dejar ya su acta de diputado.
Recordemos que en el marco de esta operación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad. Dorribo acusó a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar cuantiosas comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico, en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
Recordemos, asimismo, que un diputado del BNG, Fernando Blanco, y otro del PP, Pablo Cobian, que también habían sido implicados por estas informaciones, presentaron su dimisión aunque proclamasen, al tiempo, su inocencia.
Aunque a Blanco le asista, como a todo el mundo, el derecho a la presunción de inocencia, es evidente que, con la mitad de rigor que él exigió la dimisión de Camps, debería presentar de manera inmediata la suya. Más aun cuando Blanco sí se juega en este proceso el tener que vestirse con traje de presidiario.