La decisión de Esperanza Aguirre de expulsar del Parlamento madrileño a los tres diputados imputados en el caso Gürtel no debería merecer comentario alguno, pero es desgraciada costumbre en este país que los políticos sospechosos de corrupción permanezcan en sus cargos hasta un segundo antes de entrar en la cárcel. Honraría a López Viejo, Martín Vasco y Bosch devolver su acta de diputado, pero legalmente Aguirre sólo puede pedírselo, como ha hecho, pero no exigírselo. Ha hecho, por tanto, todo lo que estaba en su mano para limpiar el PP de Madrid de implicados en la red Gürtel. Pero ha sido la única.
Especialmente grave es el caso de Valencia. Ya argumentamos en su momento que resultaba difícil de creer que el presidente de una Comunidad Autónoma se corrompiese por unos trajes. Pero lo que ha revelado el sumario son unos regalos mucho más sustanciosos, así como unos pagos realizados en dinero negro a las empresas de Correa. No es, como ha titulado algún diario, una "Filesa del PP valenciano", porque siguen existiendo grandes diferencias entre sacar dinero a empresarios para financiar el partido y malversar el dinero del propio partido para financiar a unos empresarios que, luego, se lo agradecían debidamente a los altos cargos responsables. Pero es más que suficiente para cesar al secretario general del PP en la región, Ricardo Costa, del que además se han revelado detalles sobre relojes y otras regalías que habría recibido de la red Gürtel.
Al no tomar ninguna decisión, cobra verosimilitud la teoría de que Camps no puede cesar a Costa porque éste ha amenazado con tirar de la manta si se atreve a intentarlo. Y aunque no fuera el caso, resulta inevitable que más y más españoles comiencen a pensarlo. Las "medidas contundentes" son obligadas si el presidente de la Generalidad valenciana quiere mantener su propio puesto, que día a día parece cada vez más débil.
Pero no es sólo él quien está cultivando las dudas sobre sus motivos para no tomar medidas. Quizá porque no sea casualidad que el congreso búlgaro de Rajoy se celebrara en la capital del Turia, el gallego se está comportando igual o peor que Camps. Porque si bien el valenciano no ha logrado que nadie le dimita por el bien del partido, el presidente del PP ha contratado como asesor a Jesús Sepúlveda, expulsado por Esperanza Aguirre tras ser imputado por sus relaciones con la red Gürtel. E incluso el éxito de la dimisión de Bárcenas como tesorero ha quedado empañado tras saberse que sigue trabajando en su mismo despacho de siempre.
Esperanza Aguirre ha marcado el camino a seguir. No parece que sea tan difícil cuando no se tiene nada que ocultar. Y las transcripciones desveladas tras levantar el secreto del sumario demuestran que la presidenta del Gobierno regional de Madrid era para Correa y los suyos un estorbo para sus manejos al que querían "machacar". Cada día que pase sin que Rajoy y Camps tomen decisiones más resaltará la diferencia entre su falta de medidas y la diligencia de Aguirre. Y más sospechosa resultará esa indolencia.
Rajoy, además, tiene la obligación de demostrar que tiene capacidad ejecutiva, que actúa ante un problema, en lugar de esperar que se solucione solo. Está optando a la presidencia del Gobierno, un puesto que exige del político que lo ocupe algo más que esa actitud de coger el paraguas y esperar que escampe.