El simulacro de consulta convocado por la Generalidad para el próximo 9 de noviembre vuelve a cuestionar la autoridad del Estado en una parte de España cuyas autoridades llevan mucho tiempo formal, política y jurídicamente fuera de la ley. La respuesta de Rajoy a la abierta rebelión del Gobierno regional catalán no ha tenido hasta el momento la contundencia que cabe exigir en asuntos de tal gravedad. No parece que la situación vaya a cambiar, vista la tímida respuesta a la última estratagema de Artur Mas para realizar una algarada con urnas dentro de tan sólo diez días. Un dictamen del Consejo de Estado con disquisiciones jurídicas sobre la necesidad o no de que haya un acto jurídico formal que dé cobertura administrativa a la convocatoria es, hasta el momento, la única acción que han llevado a cabo los poderes del Estado para enfrentarse a una operación sediciosa en Cataluña patrocinada por autoridades del Estado.
La inexistencia de una respuesta firme que ponga fin a la deslealtad de las autoridades separatistas vulnera la Constitución, socava la autoridad del Estado y agrava la frustración que sienten con toda justicia los ciudadanos catalanes que quieren seguir siendo españoles y ejercer sus derechos como tales. La narrativa histórica y cultural a través de la enseñanza pública se ha dejado voluntaria y dolosamente en manos de los nacionalistas, con el resultado de que dos generaciones envenenadas en el odio a España están siendo llevadas a un proceso de ruptura que puede ser imparable. Contraponer a esta operación totalitaria, que tiene movilizada a una parte nada desdeñable de la sociedad catalana, un dictamen jurídico de un grupo de sabios es la demostración palpable de hasta qué punto el Estado ha hecho dejación de sus funciones en este terreno.
Y sin embargo la propia Constitución contiene la clave para deshacer situaciones de excepcionalidad como la provocada en Cataluña desde que la Generalidad decidió ponerse fuera de la ley. En su artículo 155 tiene el Gobierno de Rajoy el precepto constituyente que debería invocar de inmediato para poner en marcha las previsiones legales necesarias y acabar con esta operación sediciosa. La Generalidad de Cataluña no cumple "las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen" y, además, está actuando "de forma que atenta gravemente al interés general de España", los dos requisitos que obligan al Gobierno a poner en marcha los mecanismos establecidos en el citado artículo.
No se trata de una opción voluntaria, sino de la obligación que la Carta Magna impone al Gobierno cuando se dan casos de esta gravedad. En cambio Rajoy, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha decidido seguir ganando tiempo con fines electorales, aunque su inacción provoque un daño irreparable a España y a los españoles.