Uno de los síntomas más claros de antisemitismo es el uso de una doble vara de medir. A Israel se le exige, por ejemplo, que soporte el lanzamiento diario de misiles contra sus civiles desde territorio extranjero sin tomar ninguna represalia ni intentar acabar con quienes intentan matarlos. Un buen ejemplo es el primer ministro turco Erdogan –el compañero de alianzas de Zapatero–, que ha condenado a Israel por su guerra contra Hamás en el Foro de Davos. Él, que no ha dejado de hacer incursiones en el norte de Irak para frenar incursiones de terroristas kurdos. Él, que no ha dudado en hacer la guerra contra los instalados en su propio territorio. Pero claro, él puede. No es judío.
Sin embargo, no todo lo que se hace contra Israel entra dentro de esa categoría. Así, en principio, no cabría criticar a la Audiencia Nacional por el mero hecho de volver a cometer la insensatez garzonita de juzgar a extranjeros por supuestos delitos cometidos en el extranjero contra extranjeros. Aquí la doble vara de medir no se limita a Israel, sino a los países que defienden la libertad y la democracia con las armas y a las dictaduras de derechas. Los hermanos Fidel y Raúl Castro, contra cuya tiranía se ha convocado una manifestación este domingo, pueden estar tranquilos que ningún juez español actuará contra ellos como se ha hecho contra Videla, Pinochet, unos militares estadounidenses e israelíes (el eje del mal para nuestros progresistas) y un ex ministro de Defensa del Estado judío.
Otra cosa es el caso concreto por el que el juez Fernando Andreu ha decidido imputar a Benjamin Ben Eliezer y seis altos cargos del Ejército, es decir, a todo aquel que haya estado en la cadena de mando. Como bien ha señalado Ehud Barak, se ha llegado al absurdo de considerar que matar a un terrorista es un crimen contra la humanidad. Sin duda, el juez se escudará en que era sólo un presunto terrorista y en las demás víctimas del ataque. Pero eso es una senda muy peligrosa. Si se aplica de la misma manera a otros casos, ¿no cabría implicar a mandos españoles y, por tanto, a sus superiores en el Gobierno socialista, la responsabilidad por cualquier matanza que hayan hecho, aun por error, las fuerzas de la OTAN en Afganistán?
Pero el problema de fondo es que ni siquiera cabe entrar a hacer estas consideraciones. Lo que resulta inadmisible es ese principio de "justicia universal" bajo el que se cometen este tipo de atrocidades contrarias al Estado de Derecho. Porque si hay algo exigible a cualquier sistema legal que se precie es la existencia de una línea que marque qué se puede hacer y qué no. Al imputar a los mandos militares israelíes, Andreu ha decidido que la ley que los israelíes se han dado democráticamente a sí mismos no vale, y que es la suya la que debe aplicarse. Pero por la misma vara de medir, cualquier juez extranjero podría decidir juzgar a un español que ha cometido un delito en España contra españoles. Un crimen que, además, no fuera considerado como tal en nuestro país. Por ejemplo, llevar a cabo acciones militares en el contexto de una guerra contra grupos terroristas.
Al final, todo parece reducirse a que para nuestros progres los "crímenes contra la humanidad" no son más que una manera más breve de referirse a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Y ni siquiera los conceptos de jurisdicción y seguridad jurídica, que para todo juez debieran ser sagrados, pueden interponerse frente a sus creencias más firmes.