Las nuevas revelaciones sobre el soplo a ETA en el bar Faisán muestran con toda su crudeza la claudicación del Gobierno y de los aparatos del Estado que controla ante la banda terrorista. En síntesis, las actas que minuciosamente levantaban los negociadores de ETA de sus conversaciones con los interlocutores del Gobierno desvelan un amplio repertorio de concesiones: desde una supuesta orden a las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, para que no se produjeran más detenciones hasta la posibilidad de engordar las finanzas etarras al margen del mal llamado impuesto revolucionario, así como las quejas del propio Gobierno sobre las víctimas, algunos jueces, el PP y determinados medios de comunicación o los cambios de ministro y de fiscal como pruebas evidentes de la voluntad gubernativa de superar cualquier obstáculo en la negociación con ETA.
La única reacción del ministro Rubalcaba ha sido el silencio, un espeso mutismo con el que pretende desacreditar la fuente de estas informaciones. Es obvio que ETA carece de toda credibilidad democrática, pero también es obvio que sobre la veracidad de las actas de ETA hay un consenso generalizado en atribuirles características cuasi notariales. Sobre esa premisa, los nuevos datos procedentes de los documentos incautados a la banda describen un contexto en el que todo valía con tal de asegurar el éxito de una negociación que la banda decidió abandonar con la bomba en la T-4 que causó dos víctimas mortales.
Pedir explicaciones a Rubalcaba sobre esas negociaciones es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán y las grotescas y groseras implicaciones del titular del ministerio, de su número dos y de algunos responsables policiales.
No parece factible que el ministro deje de cantar bajo la ducha para cantar ante un juez, pero eso no debería ser óbice para que el jefe de la oposición le dedicara algo más que una pregunta de rigor en la próxima sesión de control. Los últimos datos sobre esa negociación con ETA deberían provocar en el PP una seria reflexión sobre el apoyo que Rajoy presta al Gobierno en materia antiterrorista. No se trata de romper ningún consenso entre otras razones porque el propio Rubalcaba y los enviados gubernativos hacen befa y mofa del Pacto Antiterrorista, sino de ejercer la oposición con la contundencia necesaria para que, al menos, Rubalcaba no se crea que está por encima del bien y del mal, que no le afectan los supuestos delictivos que se infieren de lo acontecido en el bar Faisán y en los contactos con la banda armada.