Estamos ante una ofensiva estatal, otra más, que tiene por objetivo infiltrarse en las capas más amplias de la sociedad para transformarla según el dictado de la ex responsable de la oficina de flamenco de la Junta de Andalucía.
La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, bien hubiera podido ser un documento voluntarista repleto de lugares comunes y proclamas igualitarias con el único objetivo de convertirse en un sugerente reclamo electoral. Sin embargo, la tenacidad de la titular del ministerio más prescindible que hemos padecido en toda nuestra historia, está convirtiendo esa aparente declaración genérica en el origen de una ofensiva estatal, otra más, que tiene por objetivo infiltrarse en las capas más amplias de la sociedad para transformarla según el dictado de la ex responsable de la oficina de flamenco de la Junta de Andalucía.
No es probable que los socialistas consigan finalmente adecuar la realidad a sus prejuicios, porque para eso hace falta gozar de un poder absoluto, cosa que por desgracia para el PSOE y por suerte para la sociedad civil sólo ocurre en las tiranías marxistas que aún perduran por el mundo. Sin embargo, el daño que este empecinamiento igualitario puede provocar en los sectores productivos es algo que debiera provocar la oportuna reacción de los agentes privados implicados en el proceso.
Como es sabido, la función crea el órgano, y eso es lo que está empezando a ocurrir con las “políticas transversales” que el lúgubre ministerio de Bibiana Aído se ha propuesto imponer en la administración, la educación y la empresa. No de otra forma cabe interpretar la creación de un nuevo cuerpo de “agentes” de la igualdad que, a impulso del ministerio y con la colaboración interesada de los sindicatos y la universidad pública, amenaza con adquirir carta de naturaleza para especificar a los empresarios a quién deben o no ofrecer un puesto de trabajo en función, por ejemplo, del número de empleados de cada sexo existentes en un momento dado.
En mitad de una recesión económica sin precedentes que amenaza con devastar nuestra economía para varias generaciones, el Gobierno de Zapatero tiene la desvergüenza de auspiciar con dinero de todos estas nuevas especialidades académicas para perjudicar a las empresas en la misma medida en que benefician a los sindicatos y las universidades, dispuestos a degradarse hasta lo obsceno a cambio de acaparar unos fondos que de otra forma permanecerían en el bolsillo de los contribuyentes.
La nueva “policía” de Aído es tan inútil como su ministerio pero con un agravante. Y es que si sus funciones se institucionalizan, el que se atribuya también una potestad sancionadora será sólo cuestión de tiempo. Justo lo que necesita un país que, desde que gobierna el jefe de la señorita Aído, no deja de provocar desastres, infortunios y mucha, mucha vergüenza ajena.
