Un patético insulto a la inteligencia de los españoles: así puede y debe calificarse el supuesto acuerdo alcanzado en la V Conferencia de Presidentes autonómicos con el que el Gobierno de Rajoy ha pretendido lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros alarmados socios comunitarios, así como dar una imagen de unidad y control en las autonomías que también calmen a los inversores.
Y es que lo que Rajoy y Feijóo han calificado pomposamente de "acuerdo sin precedentes" no es ni más ni menos que un documento suscrito por todos los presidentes autonómicos en el que reconocen o afirman cosas tales como "su preocupación por la gravedad de la situación económica que atraviesa España"; o que "las comunidades autónomas no son el problema sino parte de la solución, que debe buscarse desde un clima de colaboración y lealtad institucionales".
Junto a afirmaciones de tan escaso calibre, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado también algo tan vaporoso como dejar para el 2013 el acuerdo para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de cara a cumplir los objetivos de déficit a partir del año 2014. Eso, por no hablar del éxito que supone acordar el cumplimiento de los objetivos de déficit este año, un compromiso que se supone ya había sido fijado a principios de año y al que se supone obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada hace muchos meses.
No nos engañemos entorno a esta estéril unanimidad. Es la misma que se alcanzó con Zapatero en torno a los compromisos de reducción del déficit para 2011, compromiso que ya a mediados del pasado año se transformó en acuerdo entre la entonces ministra Salgado y el entonces líder de la oposición en no hablar de "déficit ocultos", de "rebajar la crítica" a los excesos autonómicos y de no avalar declaraciones que pudiesen "crear alarma en los mercados".
No busquen pues en este acuerdo de chichinabo compromiso alguno por parte del Gobierno central o de las autonomías de reducción de funcionarios, supresión de empresas, organismos o fundaciones dependientes de las autonomías, clausura de televisiones autonómicas, erradicación de duplicidades entre administraciones o de algo que pueda ser considerado un intento de reconversión y adelgazamiento de nuestro sobredimensionado sector público, muy especialmente en lo que se refiere a nuestro despilfarrador entramado autonómico. Por el contrario, este acuerdo se centra en la defensa de un insostenible statu quo, en seguir tal y como estamos. Y nada más revelador de este suicida inmovilismo que las coincidentes declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y del presidente de Gobierno tras la reunión de marras: si el socialista Griñan ha afirmado que "España no tiene un problema de gasto público, sino de falta de ingresos", el popular Mariano Rajoy ha afirmado que España "no tiene un problema estructural" en sus cuentas públicas sino tan sólo uno "coyuntural". Para sustentar tan demencial afirmación, el presidente del Gobierno ha señalado el hecho de que en la primera legislatura de Zapatero hubo años de superávit a pesar de que el gasto autonómico y central no era menor que ahora.
Pocas afirmaciones como esta son tan ilustrativas del gravísimo y dramático error en el que vive instalado nuestro presidente de gobierno. Y es que naturalmente que durante los años de la burbuja inmobiliaria, impulsada por el abaratamiento artificial del crédito, nuestro sector público también se vio favorecido por unos ingresos extraordinarios, lo que facilitó su enorme expansión estructural. Ahora bien, referirse a los años de burbuja financiera e inmobiliaria para defender la persistencia de la burbuja estatal es tanto como esperar a una nueva borrachera como medio de poner fin a la actual resaca.
Junto a este irresponsable diagnóstico, no menos reprobable es la negativa del presidente del Gobierno a comentar siguiera el enorme desafío que protagoniza Artur Mas contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Como ahora se trata de reclamar más dinero, es cierto que el presidente de la Generalidad catalana ha dejado aparcado para la ocasión ese discurso que veinticuatro horas antes se jactaba de que España "no podrá utilizar las armas". Pero tanto o más escandaloso resulta el silencio de Rajoy, quien ha tratado de justificarlo diciendo "aquí hemos venido hablar de lo importante, la economía".
Ante la irresponsable ceguera voluntaria de un presidente de Gobierno que se empeña en no ver la dramática importancia de la crisis nacional que nos aqueja, y sus implicaciones también en el ámbito económico, que no nos extrañe que este "acuerdo sin precedentes" no sirva para rebajar la prima de riesgo, ni siquiera a los niveles en los que estaba con Zapatero. El rescate de España por parte de Bruselas es inevitable. Y eso si nuestra nación tiene rescate, cosa dudosa a la vista de nuestra casta política.