Mientras los proetarras de Batasuna desafían nuevamente el Estado de Derecho organizando impunemente una huelga que, para colmo, tiene como objetivo honrar a etarras como los recientemente fallecidos, el Gobierno de ZP y sus aliados nacionalistas están más interesados en dinamitar la independencia del Poder Judicial exigiendo al presidente del Tribunal Supremo explicaciones sobre los criterios del Supremo acerca del cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo.
Si desde el Supremo se desautorizó recientemente el criterio del Fiscal General de Zapatero y de los abogados defensores de Henri Parot –partidarios de una pronta excarcelación del terrorista–, no menos malestar creó en su día al gobierno socialista el informe del Consejo General del Poder Judicial –que también preside Hernando–, en el que se alertaba sobre la inconstitucionalidad que, respecto a sus competencias judiciales, detectaba en el Estatuto soberanista catalán.
Si estas son las verdaderas cuestiones de fondo que explican la animadversión del Gobierno del 14-M hacia el presidente del Tribunal Supremo, no menos bochornosa ha sido la falta de respeto hacia la independencia del poder judicial que, también en las formas, han demostrado nacionalistas y socialistas al exigir su comparecencia parlamentaria.
Tal y como acordó la semana pasada y por unanimidad la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, al calificar de "improcedente" la comparecencia solicitada por el Congreso, no es papel del presidente del Supremo hacer exégesis ni interpretaciones de las sentencias de los tribunales en sede parlamentaria. Es más, Hernando hubiera podido quedar contaminado como presidente de la Sala 61 –ante la que son recurribles algunas de las sentencias de la Sala Segunda del Supremo– si se hubiera pronunciado este martes en el Congreso sobre las excarcelaciones de etarras.
No se crean. Que si el objetivo de socialistas y nacionalistas era utilizar su mayoría parlamentaria para linchar verbalmente al presidente del Consejo General del Poder Judicial, ni unos ni otros se han mordido la lengua al contemplar como Hernando cumplía este martes su palabra de no comparecer y se mantenía fiel a su fuero y a su cargo.
Si desde el PSOE han puesto en tela de juicio el "carácter de demócrata" del presidente del Tribunal Supremo y han señalado "su desprecio al parlamento y al pueblo español", los nacionalistas le han culpado de protagonizar un "mal día para la democracia". El colmo del disparate, lo ha protagonizado el sin par Llamazares, que ha acusado al presidente del Tribunal Supremo, nada menos que de "desacato" y desobediencia".
Nunca nos han extrañado las veces que, desde Batasuna, se ha pedido la cabeza de Hernando, de este "fascista" que preside el "aparato de represión" judicial español. Lo que resulta alarmante es la disposición a entregarla de la mayoría parlamentaria surgida del 14-M. ¿También esto forma parte del "proceso de paz"?
