Si hay algo que debería tener claro cualquier liberal es que no se debe jamás poner la mano en el fuego por ningún partido político en materia de corrupción. Como resumiera brillantemente el humorista norteamericano P. J. O'Rourke, "cuando la compra y la venta están controladas por la ley, lo que primero se compra y se vende son los legisladores".
Es inevitable que desde el momento en que existen decisiones políticas o administrativas arbitrarias que se puedan traducir en que alguien gane mucho dinero, ese alguien intentará lograr que se adopte dicha decisión dando al político una parte del pastel. Y siempre habrá quien esté dispuesto a caer en la tentación. Por mucho que los socialistas de todos los partidos intenten vendernos la labor política como una actividad poco menos que altruista que se hace por el bien general, lo cierto es que son seres humanos como los demás y no existe una mayor proporción de ángeles entre ellos que entre el resto de la población. Y cuanto mayor sea el Estado y menos sujetas a derecho estén sus decisiones, mayor será la corrupción imperante en el sistema.
No cabe sorprenderse, en definitiva, de que existan corruptos en el PP y sus aledaños. Es un partido que gobierna en buena parte de España y cuyos integrantes tienen en sus manos muchas de esas decisiones arbitrarias que pueden hacer rico a alguien y, por tanto, a ellos mismos. Lo que sí podemos exigir de sus dirigentes es que colaboren con la justicia y tomen decisiones contra aquellos de sus miembros contra los que sí hay indicios suficientes para sospechar que algo han hecho.
Garzón, obligado por la Fiscalía y por la pérdida de credibilidad que ha sufrido tras la cacería, ha dejado al fin su causa general contra el PP en manos de los tribunales realmente competentes, en Valencia y Madrid. De sus argumentos y los datos que aporta cabe deducirse que, pese a que la atención mediática se centrara en Madrid, es en Valencia donde podrían tener más sustancia sus acusaciones.
Sin embargo, no cabe concluir que todos aquellos a los que imputa son necesariamente culpables ni necesariamente inocentes. Un partido como el PP no puede permitirse ni prescindir de todos a quienes acusa un juez político ni conservar en sus filas a aquellos contra los que sí existen indicios que los hagan parecer culpables ante la opinión pública. Por eso, pese a la rápida y contundente reacción del Ejecutivo de Esperanza Aguirre nada más saltar este escándalo, quizá fuera conveniente que López Viejo no continuara en la Asamblea de Madrid. Porque el PSOE podrá tener entre los suyos a imputados como el ex alcalde de Leganés y podrá dar trabajo a ex alcaldes a los que hemos visto recibiendo fajos de billetes, ya que nadie cree que los socialistas vayan a actuar contundentemente frente a la corrupción, pero los votantes del PP sí esperan otra cosa de sus dirigentes.
La mejor noticia es que Garzón ya deja la investigación y por tanto existe alguna posibilidad de que el sumario se termine de instruir de manera correcta y los realmente culpables no puedan librarse por alguna metedura de pata del candidato a presidir la Audiencia Nacional. Ni en los juzgados ni en el tribunal de la opinión pública, pues para muchos el mero hecho de que fuera Garzón quien hiciera las imputaciones hacía parecer más inocentes a los acusados.
Eso sí, que nadie se sorprenda si Garzón aparece con otro sumario para el que no tiene competencia justo para la campaña de las elecciones europeas. De quien ya ha abandonado la Justicia con mayúsculas por la política de bajos fondos no cabe esperarse que pare.