Una de las quejas más frecuentes entre los ciudadanos es que los recortes sólo alcanzaban a los de siempre, pero que la casta que nos gobierna seguía disfrutando de subvenciones y juguetitos varios que debían haber sido los primeros en eliminarse. Esta protesta, de hecho, la encabezó Rajoy en mayo de 2010, cuando le dijo al entonces presidente Zapatero que sus recortes a funcionarios y pensionistas sólo podía apoyarlos si antes se reducían las aportaciones de dinero público a partidos, sindicatos y patronal. Hay que reconocer que algunos recortes en esta línea sí se han hecho. Pero distan mucho de ser suficientes para que la mayoría de los ciudadanos consideren que la casta está cumpliendo con su parte, que debería ser mayor al ser en buena medida la culpable de que estemos donde estamos.
Por eso el anuncio del Consejo de Ministros de este viernes es tan buena noticia. Por fin las televisiones autonómicas podrán privatizarse o cerrarse. Con la absurda excusa del servicio público, los mandamases regionales han podido disfrutar de unos órganos de propaganda al servicio de la prolongación de sus mandatos que ya hubieran querido para sí los caciques del XIX. Las televisiones autonómicas dan un servicio a los políticos, no a los ciudadanos. Así que parecería cuando menos un detalle de elegancia si prescindieran de él en unos momentos de crisis en que se está recortando de todos lados porque, como bien dice Rajoy, "no hay dinero para pagar los servicios públicos".
No obstante, este es sólo el comienzo del camino. En primer lugar porque ahora las autonomías deben dar el acuse de recibo y empezar a recorrerlo. No nos cabe duda de que Cataluña, Andalucía y País Vasco se negarán en redondo a dar el paso, pero ¿qué harán las comunidades gobernadas por el PP? ¿Aceptarán prescindir de estos medios? Sin duda, muchos de los presidentes autonómicos preferirían cortarse el brazo –o más bien cortárnoslo a los contribuyentes– antes que prescindir de ellas. La duda es si se arriesgarán a que se les acuse de recortar antes en servicios públicos que en sus juguetes particulares.
Por otro lado, no se entiende que el Gobierno tome esta iniciativa y respecto a RTVE sólo anuncie un cambio en la forma de escoger al presidente. Es cierto que, en vista de la negativa del PSOE a perder el control de la televisión pública, era una medida urgente. Pero no estaría de más que tras elegir a un directivo a su gusto, los siguientes pasos incluyeran al menos más despidos, cierre de canales televisivos, venta o cierre de postes radiofónicos, desaparición de unos servicios informativos caros y siempre manipulados... cuando no el final de un ente que podía tener sentido hace décadas, más que nada porque el franquismo no iba a permitir otras televisiones que la propia, pero que actualmente supone 1.000 millones de euros al año perfectamente prescindibles.
Cuando se habla muy a la ligera de la necesidad de mantener estos carísimos mastodontes, se olvida de dónde sale el dinero: de nuestros bolsillos y los de nuestros hijos, que tendrán que apoquinar con la inmensa deuda que generan. Aun si nos salieran gratis, que no, resulta difícilmente defendible que el Estado deba tener una televisión propia, no digamos ya decenas. El poder no debería tener un medio tan poderoso para moldear las conciencias de los ciudadanos. Los medios de comunicación públicos deberían estar ya todos cerrados.