Siete años después de la masacre del 11-M, la única verdad incuestionable es el sufrimiento de las víctimas, un dolor multiplicado por el abandono, el olvido, la exclusión y el aislamiento a los que han sido sometidas por el Gobierno y por la oposición, por casi todas las instancias judiciales e institucionales, por la mayoría de los medios de comunicación y por quienes tendrían que investigar y llegar hasta el fondo de la mayor matanza terrorista de la historia de Europa.
La enfermiza y delictiva obsesión por tapar con un manto de obsceno silencio todo aquello que tenga que ver con el 11-M constituye el mayor escándalo político, judicial y moral de la democracia y pone al descubierto la catadura de quienes llegaron al poder a rebufo de la tragedia y de quienes con el objetivo de recuperarlo pagan el peaje de un mutismo vergonzoso.
El hecho de que en coincidencia con el séptimo aniversario una juez haya llamado a declarar a todos los componentes de los Tedax es una prueba más que evidente de que la historia judicial del 11-M dista mucho de haber concluido. Es un factor que puede procurar consuelo a quienes padecen las secuelas del atentado, pero también muestra hasta qué punto de deterioro ha llegado la Justicia en España, algunos de cuyos más ínclitos representantes parecen juramentados en un siniestro pacto con políticos y policías para ocultar pruebas, indicios, relaciones, autores, causas y consecuencias de la masacre.
En este contexto y bajo esas condiciones, Libertad Digital reafirma y renueva su compromiso de mantener viva la llama del recuerdo y dedicar todos los esfuerzos posibles al esclarecimiento de unos hechos cuya secuencia dramática comenzó el 11 de marzo de 2004 y aún no ha concluido.