Trece años después, sí sabemos algo sobre el 11-M que no supimos en los días y semanas posteriores al atentado, ni siquiera durante la larga instrucción judicial que culminó con unas sentencias ridículas, cuando no vergonzosas, que dejaron abiertos todos los interrogantes sobre la autoría.
Porque, efectivamente, aún desconocemos quiénes pusieron las bombas y quién ideó y ordenó el mayor atentado de nuestra historia, pero sí sabemos que España no ha querido saber, parafraseando el eslogan que en aquellos días se arrojó al rostro de un Gobierno noqueado.
Ha sido, sin duda, un proceso impulsado desde las élites políticas y mediáticas –valga la redundancia–, que no sólo se han negado a investigar lo realmente ocurrido y han publicitado una intragable versión oficial, sino que además han presionado hasta lo indecible a todo aquel que se atreviese a cuestionarla.
No es necesario detallar aquí la persecución que han sufrido los medios, los periodistas e incluso las asociaciones de víctimas que se han negado a tratar el 11-M como un asunto a olvidar. Una cacería en la que han participado todos los poderes del Estado y a la que no ha sido ajeno ningún partido político: ni el PSOE, que manipuló la masacre; ni el PP, cuya nefasta gestión de las cloacas de interior quedó al descubierto, ni los nuevos partidos, que en esto, como en tantas otras cosas, se han limitado a imitar lo peor de los viejos.
Un acoso al que tampoco han sido ajenos la gran mayoría de los periodistas y grupos mediáticos de este país, que no sólo han renunciando al más básico papel de la prensa, saber la verdad y contarla, sino que han atacado ferozmente a los que la buscaban.
El reciente estreno del documental sobre el atentado dirigido por el francés Cyrille Martin ha sido la última demostración de esa voluntad expresa de cerrar los ojos de todo el establishmenta cualquier posible información que ilumine un episodio que, no lo olvidemos, incluso desde el punto de vista de la versión oficial tiene aún muchos puntos oscuros.
Ningún político ha mostrado el más mínimo interés y sólo dos medios digitales –Libertad Digital y El Español- y una cadena de emisoras –esRadio– han prestado algo de atención a un hecho tan noticioso como que un documentalista de otro país estudie de forma independiente el mayor atentado de nuestra historia. Y eso ocurre en una España que, para casi cualquier tema, da a lo que se dice más allá de nuestras fronteras una importancia y una credibilidad en muchos casos injustificadas.
La más triste verdad, no obstante, es que ese silencio oficial y mediático habría sido imposible sin una sociedad totalmente predispuesta a pasar página, una España cobarde que lo único que ha querido es sentirse segura, exorcizar sus propios miedos y no tener de qué preocuparse.
Al igual que con las de ETA, la mayoría de los españoles ha decidido que las víctimas del 11-M no se merecían ni saber la verdad ni una verdadera reparación, ni siquiera un espacio en la memoria colectiva. Bien al contrario, unos y otros han sido apartados bajo la alfombra como temas incómodos, capaces de romper la placidez de unas versiones oficiales –ETA está derrotada, el 11-M fue un atentado islamista ejecutado por media docena de delincuentes de medio pelo– con las que es más fácil vivir.
Trece años después, lo que sí sabemos es que el 11-M fue un atentado hecho para cambiar la historia de España y no sólo consiguió su propósito, sino que desveló que bajo la capa de éxito de ese país entonces pujante se escondía una sociedad débil y enferma, dispuesta a cualquier renuncia con tal de garantizarse una tranquilidad que, lamentablemente, suele ser incompatible con la responsabilidad y la libertad.
Hay momentos en la historia en la que una nación se enfrenta a un proceso o un acontecimiento que la ponen a prueba. El 11-M ha sido uno de ellos, y España entera, desde sus más altas instituciones hasta sus ciudadanos, salvo honrosas excepciones, no ha estado a la altura.