Este miércoles miles y miles de ciudadanos se vieron presos dentro de sus vehículos por causas políticas porque los independentistas, esos que no se quitan de la boca la palabra llibertat, decidieron que su libertad no importaba violarla. Piquetes de vagos que atentan contra el derecho a trabajar y desplazarse de los demás porque jamás les ha importado la libertad, o no serían independentistas. No, lo que les importa son sus objetivos políticos, y por eso han mantenido presos en carreteras, trenes y estaciones a miles de ciudadanos inocentes cuyo único delito es creerse que viven en un sitio normal, donde las cosas funcionan y si cuatro niñatos malcriados intentan cortar una carretera la policía se lo impide. A hostias, si hace falta, y está claro que a éstos les hace falta.
Porque uno mira las fotos y cuesta encontrar a alguien con pinta de estar haciendo huelga de verdad, de esas en las que no te pagan el sueldo del día. No arriesgaban absolutamente nada por condenar a miles de personas a horas detrás del volante, dentro de unos trenes que no pueden entrar en las estaciones. Los mossos no sólo no les han tocado un pelo, sino que los han defendido de la justa ira de aquellos a los que mantenían presos ilegalmente. Esta actitud policial, unida a la falta de dimisiones en el Gobierno o a destituciones en la cúpula de la banda armada al servicio del separatismo, nos demuestra que Soraya y Zoido han preferido que no haya fotos de policías haciendo su trabajo que garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Para esto podrían haberse metido el 155 por donde rima.
Huelga decir que un sabotaje de infraestructuras básicas como éste debería estar penado y que las condenas deberían superar los dos años para garantizar que haya ingresos en prisión. Y aunque tengo la sospecha de que una mayoría de los ciudadanos estaría de acuerdo conmigo, una propuesta así me colocaría fuera del espectro parlamentario. Porque hay cosas que en España parece que no se pueden decir, como que ninguna huelga debería conculcar el derecho a trabajar de quienes no la siguen o que ninguna causa debería violar la libertad de moverse por la vía pública de quienes necesitan desplazarse. O que ningún empresario debería quedarse sin trabajadores porque éstos decidan no acudir a sus puestos para reivindicar alguna causa completamente ajena a su situación laboral.
Porque es normal que quienes atienden la convocatoria de huelga del asesino de Viola y Bultó no tengan en especial consideración los derechos de los demás. Lo que no es normal es que quienes tienen encomendada la tarea de asegurar los derechos de todos se nieguen desde hace décadas a elaborar una ley de huelga que impida los abusos a los que nos vemos sometidos los españoles cada vez que a algún sindicato se le antoja. O que, después de haberse hecho cargo de la seguridad en Cataluña, el Gobierno que preside Mariano Rajoy haya mostrado su total disposición a no hacer nada, como por otra parte es habitual en él.
Todos deberíamos tener derecho a manifestar nuestras ideas políticas. Y todos deberíamos tener derecho a poder seguir con nuestras vidas sin que nos lo impidan quienes se creen por encima de nosotros. El supremacismo catalán ha vuelto a demostrar este miércoles lo poco que le importa esa libertad que han tomado como bandera. Maldito sea, y malditos quienes se lo permiten.