Hay campañas e ideologías de las que hay que desconfiar por sistema. Son aquellas que intentan convencerte exponiendo únicamente sus metas, sin especificar cómo han de alcanzarse ni, sobre todo, a qué precio. Los ecologistas son especialistas en eso. ¿Quién no va a querer árboles más verdes, aire más respirable, menos contaminación? El problema es que jamás se detienen a explicarte qué nos va a costar todo eso. Y en ese ámbito, como en tantos otros, funciona la ley de rendimientos decrecientes: sale relativamente barato dejar de tener nieblas artificiales como la de Londres, creadas por la polución, pero rebajar los pesticidas de un microgramo por litro de agua a un nanogramo puede resultar astronómicamente caro, además de inútil para nuestra salud y nuestro bienestar.
Con esa lupa hay que examinar la campaña "Por un ADSL más barato". Evidentemente, estoy a favor de los objetivos, ¡cómo no estarlo! Aunque sólo fuera por el interés egoísta de tener una población de internautas más amplia y, por tanto, más lectores potenciales de Libertad Digital, nada podría gustarme más que una rebaja en el precio del ADSL que supondría, cabe esperar, una mayor demanda. Tampoco tengo ninguna objeción a un aumento de las velocidades de subida y bajada, pese a que por supuesto no las piense utilizar con el eMule, porque como bien saben quienes vieron en su día Conectados, ni Fabián C. Barrio ni yo empleamos jamás esas cosas. Y eso sin hablar del dinero que me ahorraría.
Pero cuando llegamos al apartado de la "brecha digital", ya empieza uno a mosquearse. En España cuando se menciona este concepto se refiere a la diferencia de acceso a la banda ancha entre el campo y la ciudad. Es inevitable con las tecnologías actuales que sea más caro conectarse en las zonas rurales, más dispersas, donde en ocasiones hay que tirar kilómetros de cable para llegar a un puñado de casas. Para evitar que eso supusiera un coste prohibitivo para los consumidores rurales, piden que el fondo para garantizar el acceso telefónico a todos los españoles que pagan las operadoras, y que por tanto sale de lo que nos cobran a los consumidores de ciudad, se amplíe para garantizar el acceso en banda ancha de los consumidores rurales.
Francamente, si a mí no me pagan la gasolina para llegar al trabajo ni el elevado precio de los pisos no sé por qué debo pagarles el ADSL ni, ya que estamos, la ayudas al campo de la UE. Pero aunque se pudieran calcular todos los subsidios cruzados y fueran ellos quienes nos están subvencionando a nosotros, la solución sería eliminar todos esos pagos, no aumentarlos.
Y una vez abierta la desconfianza, pues claro, habrá que sospechar también de cómo se pretende conseguir esa reducción de precio y mejora de velocidad del ADSL. ¿Aumentando la competencia? ¿Incrementando los incentivos de invertir en redes a esas empresas que no ofrecen nada más que revender las infraestructuras de Telefónica? Permítanme dudarlo. Seguramente lo que pretendan es que la CMT regule los precios y la oferta minorista de Telefónica, perdón, Movistar ADSL. El problema práctico es que esto es comida para hoy y hambre para mañana. Las empresas invierten porque esperan obtener beneficios. Pero si temen que les va a pisar la bota regulatoria, ¿para qué mejorar el servicio?
Como recordaba recientemente Fernando Herrera, el regulador modelo de todos los reguladores europeos, el británico Ofcom, después de un cuarto de siglo de obligar a BT a someterse a condiciones cada vez más draconianas, ahora estaría considerando la posibilidad de volver a nacionalizarla. Ya saben, aquello de esperar más de un año para que te instalen la línea. ¿O es que no se acuerdan de aquello? Se ve que no, porque siempre hay quien está dispuesto a volver a estatalizar empresas, aunque sea mediante una lenta asfixia.