La principal prioridad del Gobierno del PP en materia de internet, por aquello de la urgencia, sería derogar la Ley Sinde sin esperar a tener una alternativa propia en la materia. Este estado de excepción en el que rige la jurisdicción administrativa sobre materias de derechos fundamentales debería desaparecer inmediatamente, antes de que entre en vigor. Luego, por aquello de tranquilizar a Lassalle, que si se enfada empieza a meterse con un montón de señores liberales antipáticos entre los que creo que estoy yo, pueden pensar en una alternativa hasta quedarse calvos.
Internet en general está mejor cuanto menos meta el Gobierno sus zarpas en ella. De modo que la mayor parte de lo que debería hacer Rajoy respecto a la red es no hacer nada, algo que sin duda le parecerá estupendo. Especialmente en el debate de la neutralidad en la red, que cada día tiene más el aspecto de una solución en busca de un problema. Es difícil para un Gobierno resistirse a tocar lo que no está roto, y la red no lo está por más que algunos activistas se empeñen. Forzar la neutralidad de red podría suponer un freno a la inversión en infraestructuras sin más contrapartida que dejar tranquilos a quienes temen que en un futuro alguien pueda pretender cobrarle un plus a las empresas de internet por acelerar su tráfico. No parece un buen negocio.
Otro asuntillo espinoso es el tema de la infraestructuras de la red y lo mal que se han privatizado y regulado en España. Es normal que un sector donde la palabra "libertad" parece proscrita sea de los más caros y lentos de entre los países desarrollados.
Una de las pocas cosas positivas que podían decirse de la LSSI, y las leyes socialistas sobre internet que han venido detrás, es que proponían un escenario en el que sólo aquel que aportaba a la red contenidos delictivos era responsable de los mismos. Sin embargo, algunas sentencias recientes han venido a cuestionar que dichas leyes dijeran lo que decían. Haría bien el PP, si quiere permitir que surja alguna empresa de internet de éxito en nuestro país, en reformar la ley siquiera para dejar claro esa exención de responsabilidad de los sitios web que alojan contenidos de terceros, que son casi todos. Por ejemplo, Libertad Digital. O Youtube. Y no digamos Facebook, cuyos contenidos son exclusivamente los aportados por sus usuarios.
Tampoco estaría de más que tomaran ejemplo de otros gobiernos y ampliaran la transparencia y puesta a disposición de los datos de todas las administraciones en formatos que puedan recibir un tratamiento informático automatizado. De este modo, los ciudadanos y organizaciones interesadas podrían ofrecerlos de formas accesibles y novedosas. Se podría pensar en aplicaciones como aquellas que en Estados Unidos informan de las fuentes de financiación de las campañas de todos los políticos en activo o la que en Eslovaquia permite al usuario recortar él mismo el Gobierno y ver cuánto bajarían sus impuestos.
¿Creen que es mucho pedir?