En estos primeros días de septiembre, mi peregrinación anual a Escocia me mostró un paisaje desconocido. La presencia de los blancos Yes sobre fondo azul era abrumadora, o todo lo abrumador que puede ser allí un mensaje político. Los escoceses no tienen mucha tradición de echarse a la calle a reivindicar nada en grandes números. Cosa del clima, quizá. A una semana de su referéndum por la independencia, algunos partidarios del sí miraban con cierta envidia las manifestaciones de la Diada. Pero lo cierto es que, a juzgar por los mensajes a favor de una u otra opción que se podían ver en ciudades, pueblos y carreteras, el resultado del referéndum debería haber sido algo así como un 90% de síes frente a un 10% de noes. E igual me quedo corto.
Y, sin embargo, lo que ha ganado ha sido el no. La mayoría silenciosa. La que no se manifiesta. Por mucho menos, eso sí, de lo que se preveía hace dos años, cuando Cameron decidió la celebración del referéndum, momento en el que la diferencia estaba en los alrededores de un tercio de independentistas frente a dos de unionistas. La idea del político inglés era cerrar este asunto para un buen número de años y no dar más competencias al Gobierno autónomo de Edimburgo. Pero no contó con lo rápido que se puede mover la opinión, y más en tiempos de crisis. Al final su decisión probablemente suponga su muerte política y una renovación a fondo de las instituciones del Reino Unido, cediendo aún más competencias a las regiones y negando a los escoceses poder de decisión sobre lo que afecta exclusivamente a Inglaterra.
Es cierto que el Reino Unido es legalmente un caso peculiar, sin Constitución escrita y con una región como la escocesa que era una nación independiente que decidió unirse a aquél hace tres siglos y que, como sujeto político autónomo que tomó aquella decisión, es a quien corresponde decidir si la mantiene o la cambia. Poco que ver con Cataluña, que jamás ha gozado de la condición de reino ni ha hecho más que formar parte de otras entidades nacionales, otrora Aragón, después España.
Sin embargo, esas sutilezas legales e históricas, por más ciertas que sean, no importarán a los nacionalistas catalanes ni de otras regiones europeas con reivindicaciones similares. Vivimos el proceso de descomposición del régimen socialdemócrata instaurado en Europa tras la posguerra. Un régimen que ha prometido lo imposible durante décadas y que ve cómo sus ciudadanos, habiéndose creído la milonga de que el Estado les daría todo, optan por soluciones radicales, ya sean nacionalistas o extremistas, que consideran que podrán cumplir aquello que los partidos tradicionales nos dijeron que nos darían y no han podido darnos.
Así, es curioso ver cómo el principal argumento de catalanes y escoceses es básicamente el mismo. Si tan sólo pudiéramos gestionar nuestros recursos, sin compartirlos con el resto del país, podríamos disponer de un Estado del Bienestar mucho más amplio. En Escocia ese argumento ha girado en torno a los impuestos sobre el petróleo del Mar del Norte, en Cataluña sobre el aún más burdo "Madrid nos roba". En ambos casos, al sentimiento nacionalista le han unido la reivindicación de un Estado capaz de darnos todo lo que queremos. Movimientos como el Frente Nacional o Podemos no son sino otras recetas para el mismo plato en las que se excluye el ingrediente secesionista.
La Europa de los ciudadanos está fracasando porque no se ha conformado con el concepto de ciudadanía liberal y ha querido incluir en él un montón de reivindicaciones económicas, a las que ha llamado derechos, que, naturalmente, la realidad le ha impedido atender. Sin embargo, los Estados pequeños o con Gobiernos radicales tampoco podrán hacerlo. Está por ver qué quedará de Europa cuando despierte de su pesadilla socialdemócrata, si lo hace. En Escocia lo único que ha ganado es una de las dos vías propuestas para alcanzar ese Estado del Bienestar que nos lo dé todo. Cuando fracase, volverán a exigir la independencia.