No hay en principio nada malo en la descentralización de los organismos públicos. Es más, como madrileño considero que nada podría hacer más por la salud de nuestra región que irnos progresivamente liberando del peso del sector público. Aunque no sea la única causa ni quizá la más importante, no tengo dudas de que la enorme descentralización que tuvo lugar, principalmente y pese a lo que se diga, durante las dos legislaturas del ogro maligno Aznar (de 607.000 a 235.000 funcionarios) tuvo un gran peso en el gran salto adelante de la economía madrileña. Sin embargo, parece evidente que dicha descentralización debe hacerse sin comprometer la labor de dichos organismos.
Para contentar a la grey nacionalista catalana, Montilla se llevó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Cataluña con tanta prisa como incompetencia, de modo que el Tribunal Supremo ha declarado nulo el decreto del traslado. Sin embargo, eso sólo servirá, previsiblemente, para que el Gobierno elabore un nuevo decreto ajustado a derecho, si es que Clos es capaz de enmendar las chapuzas de su predecesor. La decisión ha conllevado un enorme gasto de personal (18 millones de euros en indemnizaciones) e inmobiliario, pues de un local en propiedad se ha pasado a otro en alquiler que cuesta millón y medio de euros al año. Y sabedores de los costes, ¿cuáles han sido los beneficios?
Parece evidente que el organismo no está trabajando mejor por estar en Barcelona. Es más, lo hace peor, porque tiene que contratar a los funcionarios que antes tenía a sus órdenes, personas con experiencia y muy especializadas, a través de subcontratas. Hace unos días supimos que la nueva CMT está pagando hasta un millón de euros al año a una empresa consultora pública que tiene en nómina a varios de los técnicos del organismo que no se trasladaron a Barcelona, donde sólo el 40% de los trabajadores proviene de la plantilla original de Madrid. Así pues, el traslado ha sido caro y no ha servido para mejorar la calidad de la labor del organismo; al contrario, se han visto obligados a pagar fuera lo que antes tenían dentro, pues los nuevos empleados parece que carecen de la capacidad suficiente para realizar las tareas de la CMT.
Así pues, parece que el único beneficio es la satisfacción de la clase política catalana, que puede mostrar la cabeza de la CMT como trofeo. Y esa es quizá la principal razón para no trasladar organismos públicos a Barcelona o Bilbao. No tiene ningún sentido premiar a las élites políticas menos comprometidas con el bien común de todos los españoles; si de descentralizar se trata, lo mejor será hacerlo a ciudades como, no sé, Logroño, Cáceres, Granada, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Murcia o Santander. Si no, nadie podrá evitar pensar que decisiones como la de la CMT no son más que chanchullos políticos que arruinan la carrera profesional de algunos a cambio del engorde de los privilegios de los nacionalistas. Yo, por de pronto, apoyo el inmediato traslado de, por ejemplo, Trujillo y el Ministerio de la Vivienda a, no sé... ¿Teruel también existe?
