La comparecencia de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos ha servido un cuadro de aire medieval, como de señor feudal que llega retador con su mesnada a plantar cara a quien se atrevió a discutirle que puede hacer lo que le dé la real gana. Sin duda, las varas de mando de los alcaldes, alzadas como lanzas a la salida o a la entrada de la sede judicial, enmarcando la figura del imputado, contribuyeron a dar la impresión de que estábamos ante una escena del Antiguo Régimen recreada con actores a los que no hubo tiempo de vestir en concordancia con la época. Pero el espíritu del acto de apoyo a Mas y de repulsa a la justicia sí que concordaba.
Se trataba de exhibir que, en efecto, no hay ni debe haber nada que esté por encima de la voluntad del nacionalismo y que éste no tiene que rendir cuentas ante nadie, menos ante un tribunal. Es este un tipo de performance en la que el nacionalismo catalán –otros también– cuenta con larga experiencia. Requiere congregar a las masas, sean muchos miles o unos pocos como delante de la sede del TSJC, para dar la imagen de que el nacionalismo es el pueblo, y que la decisión judicial o cualquier otra que le incomode es una decisión contra el pueblo. La imagen real de la comitiva de Mas es, sin embargo, la de un gobierno (poder ejecutivo) manifestándose contra un tribunal (poder judicial). La viva imagen, en fin, del aprecio y respeto que tienen el gobierno catalán y el nacionalismo por la separación de poderes.
Al tiempo, se quería aprovechar la ocasión para nutrir el gran apetito nacionalista de víctimas y mártires, asunto éste que ha dado lugar, una vez más, a la eterna discusión sobre la conveniencia política. En realidad, son esos asuntos de conveniencia los que en buena parte nos han traído hasta aquí: si se dejan pasar transgresiones a fin de que los transgresores no posen como víctimas, más suelen crecerse a la hora de transgredir. Sea como fuere, Mas y el resto de los miembros del gobierno autonómico imputados por desobedecer las resoluciones del Constitucional que impedían organizar una consulta son unos mártires y víctimas muy peculiares.
Sí, la manifestación representaba el desafío, pero las declaraciones ante los jueces representaron el sálvese quien pueda. Han pretendido hacer dos papeles que son incompatibles: el del rebelde desafiante y el del imputado vulgar y corriente que intenta librarse por todos los medios de un procesamiento y una condena. Así, Mas confesó sólo "responsabilidad política" en lo del 9-N, y atribuyó graciosamente su "ejecución" a “los voluntarios”. La Generalidad puso la idea, pero el brazo ejecutor fueron otros: unos ciudadanos que se empeñaron en hacerlo y lo hicieron por su cuenta y riesgo.
Todo el mundo sabe que aquel brazo ejecutor es, a su vez, un brazo del gobierno autonómico. Pero habrá que demostrarlo. De ahí que Mas y el resto de imputados se parapeten detrás del voluntariado para que el caso no prospere. Esto indica el grado de martirio al que están dispuestos a llegar estos rebeldes consumados. O sea, "somos mártires, pero no tontos".