El coste de la "normalización lingüística" es un misterio guardado a buen recaudo en los presupuestos autonómicos y en dispersas partidas de las consejerías. Con ingenuidad ocasional, una cree que se oculta porque el contribuyente montaría en cólera si supiera a cuánto le salen los juegos identitarios. Pero ese coste es baladí comparado con su precio en términos cívicos y políticos y, sin embargo, el sentimentalismo tribal hace que uno y otro se asuman con alegría. Paga el estadito, o sea, nadie, como apuntó en su día una ministra, haciéndose eco de un pensamiento mágico muy extendido sobre el origen del dinero del erario.
Por si las moscas, no obstante, las autonomías correspondientes se resisten a poner negro sobre blanco todas las sumas que dedican a coaccionar a la población para que modifique sus hábitos lingüísticos y abandone la mala costumbre de emplear el idioma común. Cuando Touriño, en la cresta entonces, hoy retirado y humillado, pidió a Zapatero un detalle extra por los gastos que supone tener dos idiomas, desconocía a cuánto podían ascender. Aparte de los fondos consignados para el "fomento de la lengua", que rondaron los 20 millones de euros anuales durante su mandato, había más. Pero si un lego en la materia pretende enterarse, ha de estudiar cada día el BOE autonómico, tomar nota y cruzar datos. La lluvia de subvenciones era –y es– constante.
En ABC se acaba de publicar el monto del donativo que socialistas y nacionalistas concedieron a una organización pantalla que cursa como A Mesa pola Normalización Lingüística. Entre 2006 y 2009, recibió del Gobierno autonómico de Galicia la cantidad de 695.309 euros, unos 116 millones de pesetas, hablando en plata. La mayor parte la obtuvo de consejerías en manos del BNG, tutor fáctico de la tal asociación que se dice "independiente, plural y apartidista", valga el sarcasmo. La MNL llegó a disponer de más dinero que la Real Academia de la Lengua Gallega, sin que ello motivara protestas de la institución, que ahora anda quejumbrosa y sableadora por los recortes de la austeridad.
Con los fondos que le obsequió el anterior Gobierno gallego, ese trasunto de comité de defensa de la imposición desempeñó labores dignas de una organización parapolicial en materia lingüística. Así, la intimidación y la amenaza a comerciantes, empresarios y directores de colegio que no mostraban suficiente entusiasmo por erradicar el idioma español de sus negocios y centros. Pues esa persecución existe, aunque el ministro de Educación finja estar en Babia. Y, para remate, la financiamos entre todos.