Aquella genial idea de Zapatero, los mil y un spots del Gobierno de España, acaba de traspasar nuestras fronteras. Gloriosamente. Y no para recomendar que saques tarjeta roja a los maltratadores, recicles la basura, te pongas el casco, reduzcas la velocidad o cualquiera de los otros mensajes destinados a "sensibilizar" a esos niños de guardería que son los ciudadanos españoles. Ahora, el Gobierno de España patrocina, a cara descubierta, con bandera, escudo y dirección ministerial, un boicot a los productos israelíes que se emite en la televisión palestina administrada por Fatah.
La historia es simple, tersa, increíble. Aunque previsible. El anuncio tiene lugar en una tienda de ultramarinos, un escenario popular. El tendero es advertido de que hay pasquines llamando a un boicot de los productos de Israel. "No puedo no traerlos. La gente los pide y en la mayoría de los casos son mejores que el producto local", replica el poco patriótico comerciante. Animado por el traidor, un niño pide una bolsa de patatas fritas israelí de una marca realmente existente. Con ella en la mano, va a salir, cuando se oye algarabía de disparos. El infante deja caer las patatas y sentencia, grave: "No quiero productos israelíes. Quiero productos palestinos". La decisión se rubrica con un texto: "No prolongues la vida de los ocupantes en nuestra tierra". Acto seguido, aparece el logo del Gobierno de España acompañado por su Ministerio de Asuntos Exteriores y su Agencia Española de Cooperación Internacional, más la firma de una ONG también española, ACSUR.
No se trata, precisamente, de publicidad subliminal. El spot es tosco en su asociación de los chips israelíes con la guerra y la represión contra los palestinos. En su mensaje final hay una incitación apenas velada. La instigación del odio hacia Israel y los judíos, con o sin llamadas al boicot, es una línea maestra de la propaganda mal denominada pro-palestina. Pero ¿cómo ha aparecido el Gobierno de España en tan infame ejercicio de antisemitismo? El embajador en Tel Aviv asegura que ha sido sin su conocimiento. Parecida respuesta ha dado el Ministerio de Exteriores a los escasos medios nacionales que se han interesado. La ONG se escapa por la tangente. Sí, pero ¿se financian con dinero público español groseras campañas contra Israel en Gaza y en Cisjordania? ¿Controla el Gobierno en qué se emplean las subvenciones que destina a la Autoridad Palestina? ¿Y las que concede a ONGs dedicadas a infligir su activismo político por el mundo adelante?
El Gobierno de España dirá circunspecto que entrega dinero a los dirigentes palestinos para el alcantarillado, el agua potable, la sanidad, las aceras. Pero cuando se financia a expertos en promover el odio, ocurre invariablemente que lo dedican a esa, para ellos, esencial actividad. No sólo es preciso investigar este concreto caso. Habrá que suspender las ayudas a las organizaciones responsables. Y establecer mecanismos de control. Máxime cuando el espíritu del anuncio guarda afinidad con los prejuicios anti-israelíes que dominan en la galaxia ideológica del Gobierno.