Se ve venir. Sólo hace falta ver la diligencia y el ahínco con que se informa ya de cualquier detalle de la ilegalidad anunciada por los independentistas catalanes, con el Gobierno autonómico a la cabeza. Si algo va a dar carta de naturaleza a esa votación ilegal sobre la secesión de Cataluña que se pretende hacer el próximo 1 de octubre será eso. Porque no legalizarán el referéndum ni el Gobierno de España, ni el Congreso, ni los tribunales, ni el Constitucional, ni los de Podemos, ni los de Colau, ni tampoco los alcaldes del PSC que creen que Cataluña es Dinamarca y España, el Magreb. Ese referéndum va a ser (como) legal, gracias a la prensa.
Lo estoy viendo venir en la ración diaria de noticias. Y, como ya pasó el 9-N, lo suyo es que vuelva a pasar. De entrada, se le ha dado categoría de referéndum. No es sólo que lo digan los independentistas; los medios, todos, estén en contra o a favor, lo llaman unánimemente así. El 9- N recibió trato de consulta, pero ahora no hay juegos ni ambigüedades: es un referéndum. Hemos subido un escalón. No es aquella consulta arreglada pero informal, sino todo un señor referéndum mayor de edad. El término acredita su seriedad y viene a decir: esta vez no serán urnas de cartón que se guardan en supermercados, sino un plebiscito con todas las de la ley. Lo de ilegal, bueno, será una coletilla aquí y allá.
Sé que no es fácil llamarlo de otra forma. Ni es buena solución anteponer un "mal llamado" todo el rato. Tampoco estoy por ponerle sordina. No vengo con alternativas: expongo el problema. El problema que representa la maquinaria mediática cuando su mecánica noticiosa echa a andar y por su propia dinámica conduce a hacer legal de facto aquello que es ilegal. No es éste el primer caso ni será el último.
Se empieza, decía, dándole el rango que desean los que lo promueven, pero la historia no acaba ahí, pues se difunde cada aspecto de la organización del asunto con una prolijidad digna de mejor causa. Estos días era noticia que hay pocos registrados para votar en el extranjero. Bien, pues en un periódico, al menos, completaban el cuadro diciendo que "está por resolver cómo podrán votar los catalanes que residen en otras comunidades autónomas". Pues nada, seguiremos informando sobre cómo arreglan esos problemillas.
Igual que seguiremos informando sobre si habrá o no voto electrónico, sobre dónde se va a votar (¿los llamaremos "colegios electorales"?), sobre la calidad y la forma y el material de las urnas y las papeletas, sobre quiénes harán de agentes electorales y velarán por la buena marcha de la votación, y así sobre todos y cada uno de los detalles técnicos que Puigdemont ha prometido desvelar a finales de este mes. ¡Tenemos todo un verano! Todo un verano en que, aparte de la sequía y los incendios, qué otra cosa vamos hacer que dar bola a noticias que reforzarán la impresión de realidad de lo que quieren hacer los separatistas el 1 de octubre en Cataluña. Y de la realidad a la legalidad, como dijo aproximadamente el presidente Suárez.
El Gobierno catalán apenas tendrá que hacer un esfuerzo propio por llamar a la participación. Podrá contar con los altavoces de todo el espectro mediático de España para hacer saber quiénes podrán votar y cómo y dónde. Si es listo, Puigdemont dosificará la información para asegurarse cobertura permanente de aquí a octubre. Y si, por un casual, hace lo que dice que va a hacer, seguro que ese día estarán allí los enviados especiales de todas las teles de España para informar en directo, delante de una cola de votantes, de que la jornada del referéndum transcurre con total normalidad. Para entonces, los medios ya habrán normalizado tanto la convocatoria ilegal que a nadie le extrañará que hagan y digan lo mismo que cuando se celebra una votación de verdad.