El ministro Fernández Díaz está preocupado por quiénes puedan ser los siguientes colectivos que padezcan el acoso de Colau y compañía. Lo dijo en una entrevista del diario El Mundo: "Después de los diputados, ¿quiénes serán los siguientes en ser acosados? ¿Los jueces, que pueden dictar sentencias que no gustan? ¿O los periodistas cuando vierten opiniones que no son del agrado de algunos?" Para que luego digan que los del PP no dan ideas. Y, en efecto, la idea de acosar a jueces y periodistas contó con el respaldo de unos once mil lectores de aquel diario en un sondeo en la web. Pero la popularidad de los escraches a diputados es más amplia; mayoritaria, en ciertas encuestas.
Si yo fuera ministro del Interior, y cosas más raras se han visto, me preocuparía por las personas –que lo son, aun siendo diputados– que ya figuran en las listas negras. Hasta ahora sólo hay en ellas cargos del Partido Popular. Pero el ministro quiere excitar la solidaridad del público, y por eso insiste: "Hoy son los diputados del PP los acosados, pero mañana serán los de otros partidos o, como he dicho antes, otros colectivos". Fernández recurre a las posibles futuras víctimas de los acosos, por suponer que el hostigamiento a señores y señoras de la derecha no conmueve a nadie. Así que dice: Cuidado, que luego pueden atacar a otros, a los buenos. Pues no se inquiete el ministro. Los de Colau sólo incordiarán a gente del PP. Son fanáticos, pero no imbéciles.
Ni siquiera una opinión desnortada como la que respalda los escraches, aceptaría una persecución general. Aunque ahora que lo escribo, me entran dudas. Igual estamos a punto de elevar el linchamiento a derecho, y eso por aclamación. Un linchamiento blando, claro está. Un señalamiento y una intimidación que se proponen una labor pedagógica, que pretenden enseñar al que no sabe: ese diputado que ignora que ha provocado un suicidio y sigue tan pancho en su escaño. Los insultos y amenazas son la única manera de hacerle comprender las consecuencias de sus actos. Es el modo de reeducarlo. No tenemos los famosos campos de reeducación, así que en su lugar tenemos el escrache.
La delegada del Gobierno en Madrid ha anunciado que la policía actuará si hay faltas, delitos o infracciones administrativas en esos actos pedagógicos que perpetran los de Stop Desahucios. Se la acusará, seguro, de querer limitar un derecho. El derecho de linchamiento que ya se está ejerciendo con la connivencia de la oposición y el apocamiento de miembros del Gobierno.