Hace mucho que no se veía en el Congreso un consenso tan amplio y tan plural. Desde el PP hasta Podemos, pasando por el PSOE, desde el nacionalismo canario hasta el separatismo catalán, ha sido un todos a una, Fuenteovejuna, a favor de la ley que actualiza el cupo vasco. Todos a una menos uno: el grupo parlamentario de Ciudadanos. Y los dos diputados de Compromís. Pero si no se veía hace tiempo un acuerdo de tanta amplitud y heterogeneidad es simplemente porque no se renovaba el cupo desde 2011. Estamos ante uno de esos raros asuntos en los que suele haber una armonía y conformidad desusadas. El cupo, digamos, es un asunto de Estado. Y el cálculo del cupo, un secreto de Estado.
"Prácticamente no hay números, y los que hay no se sabe muy bien de dónde salen", decía al respecto Ángel de la Fuente, uno de nuestros mejores expertos en financiación autonómica, al diario El Mundo. Su hipótesis, tanto para esta ley como para las anteriores, es que quienes negocian se ponen de acuerdo en la cantidad y después pergeñan el armazón técnico que la justifique. Mikel Buesa ha constatado que cada renovación del cupo coincide con instantes en que el Gobierno de España necesita los votos de los diputados del PNV. Una regla que se confirma en esta ocasión, igual que se confirma esta otra: el cálculo infravalora lo que tendrían que pagar al Estado las diputaciones vascas.
El Partido Popular lleva días tuiteando a diestra y siniestra que el sistema fiscal del País Vasco no es mejor, sino diferente. Pero resulta que es las dos cosas. Gracias a los apaños que se hacen a la hora de calcular el cupo, la comunidad autónoma vasca dispone del doble de recursos por habitante que el promedio de las de régimen común. Una bicoca. Y una que no se puede atribuir, como algunos atribuyen, a razones históricas. Una cosa es que las guerras carlistas y el Abrazo de Vergara nos dejaran como legado el Concierto Económico y otra bien distinta es hacer trampas en el cálculo. La estafa contable no está incluida entre los Derechos Históricos que reconoce la famosa disposición adicional que incrustó el Concierto en la Constitución.
Es llamativo que una estafa contable concite tanto entusiasmo consensual. No es novedad, ciertamente, en el PP y en el PSOE, que se han turnado en la negociación del amaño para lograr el respaldo del PNV. Es en ellos habitual, y responsabilidad de ambos. De hecho, al inicio de esta legislatura, los socialistas instaron a Rajoy a buscar el apoyo del nacionalismo vasco a fin de tener los votos suficientes para formar Gobierno. Pero no lo hacen tanto por la gobernabilidad de España como por ellos mismos. Lo hacen también por su cuota electoral en el País Vasco.
Tristemente, el partido que cuestione un procedimiento que redunda en ventajas para una comunidad autónoma y en perjuicios para el resto de los españoles será castigado por muchos de los que disfrutan del privilegio. Y no son PP ni PSOE los únicos que no desean verse afectados por esos ramalazos de egoísmo. Ahí tenemos a los podemitas, que se han sumado a las prácticas habituales, seguramente imbuidos del temor a los efectos de oponerse al privilegio. No sabíamos que se llamaban Ahora Podemos Unidos por el Cupo. Ya lo sabemos. Como sabemos que su hostilidad hacia la Constitución del 78 tiene límites precisos: limita al norte con el pufo fiscal. Ese candado por nada del mundo quiere romperlo Iglesias.
Ya que hablamos de hostilidades, son significativas las que desató la sesión parlamentaria. Porque el consenso sobre la estafa contable, tan armónico él, se mostró enormemente agresivo con Ciudadanos. Lógico: el único partido que se opuso dejó en evidencia a los concertados para el tongo. No bastaba con aprobar el pufo, había que machacar a quien levantara la voz en contra.