En Baleares se ha aprobado un decreto que establece el título de catalán como requisito para trabajar en la sanidad. La presión de Més per Mallorca, socio de gobierno del Partido Socialista de la presidenta Armengol, ha traído esta nueva vuelta de tuerca de la imposición lingüística. Aquello que en otras autonomías con dos lenguas cooficiales se mantiene como mérito, aunque un mérito que suele pesar más que la capacitación profesional, en Baleares pasa a ser requisito: si no tienes el título de catalán, no puedes trabajar en la sanidad.
La maldita gracia del decretazo, al que se han opuesto todos los sindicatos del sector menos la UGT, es que en las islas hay una escasez tremenda de personal sanitario. Ya hay factores que disuaden a muchos profesionales de ir a trabajar allí, como el precio de la vivienda. A partir de ahora se suma a los obstáculos este requisito lingüístico que el director del Servicio de Salud celebró con un: "Gana la ciudadanía". Para el director, la ciudadanía gana porque podrá ser atendida en cualquiera de las dos lenguas. La cuestión es si la ciudadanía va a poder ser atendida.
De entrada, el decreto afecta y excluye a 340 médicos interinos, a más de 3.500 profesionales de enfermería y a más de mil auxiliares que no tienen el título de catalán, según los datos que daba Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, en una entrevista en El Mundo. La entrevista no tiene desperdicio. Ahí está todo lo que hay que saber sobre esta "imprudencia sanitaria", como la califica. Y está también la desesperación que siente un profesional cuando ve las consecuencias desastrosas que tiene una decisión política para un servicio primordial para los ciudadanos.
"Tú puedes ser una eminencia, un médico competente, haber estudiado en las mejores universidades, tener un currículum impresionante y acumular una constante formación, docencia e investigación, pero si no tienes el título de catalán, te quedas fuera. La política ha goleado a la sanidad", dice Lázaro. Y tiene razón. Pero la prioridad de Més y del partido socialista de Armengol no es que vayan a la sanidad balear los mejores profesionales, ni que los servicios sanitarios estén cubiertos. Sus prioridades son otras, como en todas las variantes, duras o laxas, de las políticas de normalización lingüística.
El primer propósito de esas políticas se presenta como protector: hay que proteger la lengua que ha estado y está en inferioridad de condiciones. Todo el mundo asiente a la protección, ¿quién puede oponerse a proteger algo? Los problemas aparecen en la práctica. De la protección se pasa rápido a la preferencia, y con la misma rapidez la lengua que se ha establecido como preferente se convierte en única. En un pispás, nos encontramos con que el idioma cooficial no protegido, el español, ha sido excluido de la esfera política y pública. Quien se oponga a esa exclusión ya sabe lo que le espera: será declarado enemigo de "la lengua propia" y, por tanto, enemigo del pueblo. La exclusión va de la mano con la coacción.
Recapitulemos. El propósito declarado es proteger una de las lenguas. El propósito real es excluir la otra. El objetivo de fondo es desterrarla. La meta de las políticas de normalización es que en comunidades donde se hablan dos lenguas se hable sólo una: la que lleva el marchamo de propia. El español, ¡fuera! Dicen que por ajeno e impuesto, pero en realidad es por peligroso. Porque la lengua común de los españoles entraña un peligro: es común. Es compartida.
Acabar con los elementos comunes y compartidos es un propósito claro de los nacionalistas heavies que quieren levantar fronteras, pero también cooperan todos los que quieren levantar barreras. Pues barreras como las lingüísticas en el ámbito de la Administración llevan una promesa implícita que puede resultar muy atractiva. La promesa de que los empleos públicos serán para los "de aquí", no para los "de fuera": todos para los nativos, ninguno para los forasteros. El encontronazo con la realidad viene cuando los servicios no pueden funcionar sin los "de fuera". Y eso es lo que va a pasar en la sanidad balear.