La desvergüenza del Gobierno nacionalista que preside el Sr. Montilla no tiene límites. El 6 de abril confirmaban los medios de comunicación que las dos principales fuerzas del Gobierno de la Generalitat, PSC y ERC, han llegado a un acuerdo con el principal partido de la oposición, CiU, en el Parlament de Cataluña para dejar en manos de cada centro de enseñanza infantil y primaria (CEIP) la decisión de aumentar de dos a tres horas la enseñanza de lengua y literatura castellana en los tres ciclos de la enseñanza primaria. En otras palabras, el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a permitir que los CEIP en Cataluña sigan incumpliendo el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que regula las enseñanzas mínimas en España. Que a principios de julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia dictara, a resultas de la denuncia interpuesta por la asociación Convivencia Cívica Catalana, una sentencia que exigía a la Generalitat implantar la tercera hora en castellano, no ha inquietado lo más mínimo al Ejecutivo catalán. Ellos a lo suyo: más dinero para la Generalitat de Cataluña.
El tema ya lo he abordado en dos artículos anteriores, Montilla incumple la ley y Montilla vuelve a la carga, dedicados a analizar las implicaciones del Real Decreto y las tretas que ha seguido el Sr. Montilla para eludir su aplicación en Cataluña hasta ahora, declarando dos moratorias consecutivas. En otro artículo posterior, Purgando culpas, relaté el duro enfrentamiento que se produjo en el Congreso, pocas semanas después de la entrada en vigor del Real Decreto, entre el Sr. Tiana Ferrer, secretario general del Ministerio y la Sra. Cañigueral Olivé, diputada de ERC, y la Sra. Piguem i Palmés, diputada de CiU, en la Comisión de Educación. Lo que mayor irritación causó a estas excelentísimas ignorantes nacionalistas fue que el Real Decreto se atreviera a establecer "una tercera hora de castellano en toda la primaria, que en el caso de los dos primeros años se eleva a tres horas y media".
Tamaña exigencia les quitó al parecer el sueño y hasta despertó algunas de las adormecidas neuronas de sus señorías. Pobrecitos niños, se revolvían inquietas, ¿cómo van a comprender estas almas cándidas la belleza de las fiestas populares catalanas si alguien osa a enseñarles lengua y literatura castellana tres horas a la semana? ¿No quedarán contaminados para siempre sus cerebros si los exponemos sesenta minutos más a la semana a la lengua cervantina? ¿Estaremos sembrando en ellos la semilla que un día les llevara a pensar que la inmersión lingüística en catalán ha constituido una aberración que les ha restado posibilidades objetivas de disfrutar de otra lengua y literatura y poderse comunicar con cientos de millones de personas? ¿Estaremos aplicando una dosis mortal a las neuronas que mantienen viva la llama de la independencia en Cataluña? Quita, quita, mejor será para nuestra Cataluña mantenerlos en la ignorancia, mejor que asimilen el castellano a cualquier otra lengua extranjera y se sientan de mayores incómodos chapurreándola.
La única explicación posible al esperpento que estamos viviendo en Cataluña desde diciembre de 2006 –incumplimiento continuado de una norma estatal aprobada por el Consejo de Ministros para desarrollar la Ley Orgánica de la Educación e incumplimiento de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– es que para el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno español tiene la obligación de cumplir a rajatabla la interpretación que hace del Estatut de Cataluña, pero el Ejecutivo catalán no tiene obligación alguna de acatar las normas aprobadas por el de España. Resulta trágico que el Gobierno español lo permita y también que el principal partido de la oposición no denuncie la situación hasta sus últimas consecuencias.
El conflicto generado por el incumplimiento del Real Decreto sobre enseñanzas mínimas en Cataluña ilustra el callejón sin salida al que nos está abocando la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, para cerrar el título VIII de la Constitución antes de que tengamos que cerrar España por falta de existencias. ¿Hemos alcanzado ya un punto de no retorno? A la vista de cómo la Generalitat de Cataluña incumple las normas aprobadas por el Gobierno de España, me siento inclinado a pensar que sí o, en el mejor de los casos, muy cerca de alcanzar ese punto.