El próximo día 16 se cumplirán treinta años del primer atentado perpetrado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), contra los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que fueron secuestrados en Bayona -por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo-, trasladados posteriormente a las dependencias del Palacio de la Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados, y finalmente asesinados y enterrados en cal viva en un paraje montaraz de la provincia de Alicante, donde fueron localizados sus cuerpos dos años más tarde.
Este aniversario del primer atentado de los GAL, junto a la reciente publicación del libro del subcomisario de policía José Amedo Cal viva, ha vuelto a poner de actualidad lo que fue el capítulo más negro de nuestra historia reciente, aquel en el que se organizó, amparó y autorizó, desde dependencias oficiales del Gobierno de la Nación y de los aparatos policiales a sus órdenes, la guerra sucia contra ETA, con el saldo de 27 personas asesinadas por los miembros y mercenarios de los GAL entre 1983 y 1987.
Conviene recordar que por estos crímenes fueron condenados, en diferentes causas, un ministro del Interior (José Barrionuevo), un secretario de Estado de Seguridad (Rafael Vera), un director general de la Seguridad del Estado (Julián Sancristóbal), un delegado del Gobierno en el País Vasco y gobernador Civil de Guipuzcoa (Julen Elgorriaga), un secretario general del PSE de Vizcaya (Ricardo García Damborenea), un general de la Guardia Civil (Enrique Rodríguez Galindo), un jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista (Francisco Álvarez), un jefe superior de Policía del País Vasco (Miguel Planchuelo) y los policías José Amedo y Michel Domínguez, entre los personajes más destacados.
El libro de Amedo
El relato que hace Amedo en su libro, lleno de datos y fechas, es sencillamente estremecedor. El subcomisario no deja títere con cabeza al relatar, insisto que con muchos datos, cómo se llevaron a cabo los atentados, amén de la implicación de los altos cargos del Ministerio del Interior, del PSE y de las Fuerzas de Seguridad en la planificación, puesta en marcha y financiación de los GAL.
El paso del tiempo no empequeñece, muy al contrario, la gravedad moral y política de aquella actuación delictiva. Amedo pone mucho énfasis en subrayar que fue el asesinato del senador del PSE Enrique Casas, en febrero de 1984, lo que desencadenó la decisión política del Gobierno y de dirigentes del PSOE –al frente de los cuales sitúa lógicamente a Felipe González– de responder a ETA con la misma moneda, impulsando a través del GAL el asesinato, siete meses más tarde, del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. Además, se pensaba que atentando contra etarras en Francia, con la consiguiente alarma social que se crearía entre la población gala que se viese afectada, obligaría al Gobierno del país vecino a dejar de mirar para otro lado y empezar a colaborar con España en la lucha contra el terrorismo.
Es posible que los atentados de los GAL sirvieran para lograr esa colaboración de Francia, pero el precio que hubo que pagar fue demasiado alto en términos morales y democráticos; y además, como el tiempo demostró más tarde, no sirvió para derrotar a ETA. Durante los años en que los GAL estuvieron activos, la banda terrorista asesinó a 163 personas. Una vez que desaparecieron, ETA siguió asesinando, secuestrando, poniendo coches bomba. Concretamente, entre julio de 1987 –momento en que terminó el GAL– y el último atentado cometido por la banda terrorista, en el 2009, ETA asesinó a un total de 271 personas.
Los atajos del PSOE
Pero, sobre todo, la guerra sucia contra ETA puso de manifiesto que el Gobierno de Felipe González se saltaba conscientemente a la torera el principio de que el fin nunca puede justificar los medios. Si un Gobierno democrático no se atiene siempre y en todo a ese principio básico, pierde su legitimidad. Mucho más cuando Gobiernos posteriores demostraron que sí se podía acabar con ETA dentro de la ley y solo con la ley.
Si hay algo que a Felipe González, al PSOE y a la izquierda en general les ha puesto siempre de los nervios, y se han negado a aceptar, es que los Gobiernos del PP presidios por Aznar combatieron a ETA desde el más escrupuloso respeto a la legalidad, empleando todos los instrumentos que un Estado de Derecho pone a su disposición, hasta conseguir prácticamente su derrota. Fue otro Gobierno del PSOE, en este caso el presidido por Zapatero, el que en el 2004 volvió a insuflar aire, mediante un proceso de negociación política, a ETA.
Porque el PSOE, cuando ha estado en el Gobierno de España, fundamentalmente ha optado por los atajos en la lucha contra ETA. Los GAL fueron un repugnante atajo con 27 asesinatos y la negociación política de Zapatero, otro atajo que nos ha llevado hasta donde estamos, con una ETA que ha sido derrotada policialmente pero que políticamente está más fuerte que nunca: segunda fuerza en el Parlamento vasco, gobierna en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de San Sebastián y tiene siete diputados en el Congreso a través de la coalición de Amaiur, de la que forman parte los títeres de ese residuo de la escisión del PNV que es Eusko Alkartasuna y una parte de Izquierda Unida.
La izquierda española y ETA
La izquierda en España, la izquierda intelectual y política, pasó de justificar y alegrarse de algunos crímenes de ETA, como el de Carrero Blanco o el del comisario de policía Melitón Manzanas, a defender en la transición política que para combatir a la banda terrorista, además de la policía, eran necesarias medidas políticas –conviene recordar que en aquellos años el PSE era partidario de la integración de Navarra en el País Vasco–, a justificar los crímenes del GAL o a aplaudir con las orejas la negociación política con los terroristas que llevó a cabo Zapatero. Con esa diarrea mental es fácil entender que no hayan aceptado nunca que un señor bajito y con bigote llegado a La Moncloa desde Valladolid y un ministro del Interior con barba y que encima era vasco fueran capaces de luchar contra ETA, reitero, con la ley pero con todo el peso de la ley.
El capítulo de los crímenes del GAL es sin duda uno de los más negros de nuestra historia reciente. Un capítulo protagonizado por un Gobierno del PSOE y por el que el principal responsable –la famosa X de los GAL– no dio la cara por sus subordinados, más allá del numerito del abrazo a Barrionuevo y Vera y del corro de la patata a las puertas de la cárcel de Guadalajara.
Un capítulo que debería abochornar a esa izquierda carente de los principios morales y de las convicciones democráticas necesarias para ser consecuente con el hecho de que un Gobierno nunca se puede poner a la misma altura que los terroristas, porque si lo hace se tiene que arrastrar por el fango. Una izquierda, en suma, que sólo por ese hecho, y por su trayectoria en la condena y combate del terrorismo, debería, por mucho tiempo, dejar de presumir de esa supuesta superioridad moral sobre el resto de los mortales. Porque no hace falta ser Corcuera para preguntarse: superioridad, ¿por qué?, ¿en razón de qué?