España, el Reino Unido y Gibraltar firmaron un acuerdo el lunes 18 en Córdoba sobre uso conjunto del aeropuerto, con el añadido de una revalorización de pensiones de los trabajadores españoles que es el chocolate del loro. Han leído ustedes bien. Suscrito por tres Naciones de modo encubierto en un mentado "Foro Tripartito de Diálogo". Otra nefasta "derivada" del talante de Zapatero. Supone reconocer a Gibraltar, por primera vez en trescientos años, categoría de parte en futuras negociaciones lo cual, se admita o no, menoscaba nuestra soberanía.
Habrá quien le vea ventajas a lo del aeropuerto del Peñón y a ciertas facilidades adicionales en el paso de la verja, pero el precio es enorme y los beneficios son para ellos, los gibraltareños y sus socios. Maldita la falta que hacía mejorar de nuevo a una economía, parasitaria de España, con más de 50.000 sociedades fantasma; ¿cuantas por habitante? No es casual la corrupción que hoy gravita en la colindante Costa del Sol. ¿Será éste el motivo por el que la tolerante Junta de Andalucía ha calificado de "histórica" la reunión de firma del acuerdo? Y eso que de aeropuertos regionales anda sobrada si sumamos a los de Jerez y Málaga –unidos al Peñón por rápida autopista– los también accesibles de Sevilla, Granada y Almería.
Otro inri del pacto Tripartito sobre Gibraltar es que confirma, de hecho, la usurpación por Gran Bretaña de territorio español para iniciar en 1938 la construcción "de extranjis" del aeródromo, ahora elevado a la categoría de aeropuerto. Ello con el agravante de alevosía al arrebatarlo cuando España estaba embarcada en la guerra civil e imposibilitada para evitarlo.
Y el pastelero Moratinos, con anuencia de Zapatero, ha añadido una guinda al hojaldre para evitar que España invoque el pacto como tácito reconocimiento de su soberanía. A tal efecto la única terminal de viajeros se sitúa en territorio gibraltareño pero contigua a la verja. Ello permitirá el acceso directo desde el lado español, mediante un voladizo, a nuestra policía para el control de algunos pasaportes conforme a Schengen. ¡Como si la policía estuviera en territorio español y no en el Peñón, que así de hábiles son los llanitos!
Ahora que se habla tanto de "memoria histórica" ya caducada, recomiendo recordar hechos sobre La Roca que siguen vigentes. Unos aún recientes, por constituir compromisos de gente que sigue ejerciendo autoridad real –nunca mejor dicho– o moral. Y otros, como el Tratado de Utrecht de 1713, que aunque lejano está jurídicamente vigente.
Entre los hechos recientes cabe rememorar una declaración solemne, en octubre de 1982, del secretario general del PSOE Felipe González dentro de su breve discurso en el hotel Palace, con ocasión de su victoria electoral: "Reafirmamos –dijo– nuestra irrenunciable aspiración a reintegrar Gibraltar a nuestra soberanía". Cierto que su ministro de Exteriores Fernando Morán trabajó duro hasta suscribir con el homólogo ingles, sir Geoffrey Howe, la llamada "Declaración de Bruselas" en noviembre de 1984. En ella Gran Bretaña aceptaba discutir la soberanía un asunto que hasta entonces se había negado a tratar. Pero es más cierto que los gibraltareños aprovecharon la diplomática declaración para transformar La Roca en un increíble paraíso fiscal fundamentado en la tolerancia hispánica. Sobre todo a partir de ganar las elecciones en 1988 Joe Bossano, líder del también Partido Socialista de Gibraltar.
El actual acuerdo del Foro Tripartito de Gibraltar pone en riesgo de incumplimiento otro compromiso, de mayor calado por razón de jerarquía y representatividad en el promitente. Me refiero al contraído en julio de 1969 por Don Juan Carlos ante las Cortes Españolas. Fue nada menos que en el acto de su nombramiento como Príncipe de España y sucesor a titulo de Rey del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco, que presidió el acto. En su discurso de jura del cargo el actual Rey declaró que España continuaría bajo su reinado reclamando la soberanía sobre Gibraltar.
Termino remontándome al citado Tratado de Utrecht de 1713, porque no es memoria histórica caducada sino vigente todavía. En él quien se comprometió a preservar la soberanía del Peñón fue el primer Borbón, Felipe V. La cesión, llamemos "temporal", a Gran Bretaña fue uno de los precios pagados para su entronización al término de la guerra de Sucesión a la Corona de España. Esperemos pues que Don Juan Carlos salga del silencio habitual en lo que se refiere al modelo de Estado del que Gibraltar forma parte, y que su reivindicación se incorpore expresamente a nuestra Constitución para evitar así la transacción o el olvido.