Ni la vida es siempre justa ni el éxito sucede siempre al mérito y el esfuerzo. Pero la supervivencia y bienestar de nuestra sociedad –y de cada uno de nosotros– depende, en gran medida, de que nuestra cultura e instituciones premien el esfuerzo, la eficacia y la honradez. Aplicar esta idea es, quizá, el más importante cambio cultural que los españoles necesitan para remontar su caída hacia la irrelevancia.
Lo esencial de una política de becas no es que la nota mínima para percibirlas sea 6,5 o 6, sino que promueva la excelencia. En igualdad de condiciones, apoyar a quien mejor aprovechará la ayuda es la mejor solución. Para la sociedad, pero también para el alumno: incentivar con dinero público que estudiantes mediocres o deficientes pueblen las universidades como simple alternativa a no hacer nada es un engaño. A los estudiantes y a la sociedad.
Despojado del mérito incluso en la mayoría de edad, el criterio de la renta para la percepción de ayudas públicas se ha convertido en una gran estafa. No solo amenaza al sistema educativo, sino a la cohesión social. La menguante clase media, ahogada por impuestos y precios crecientes, se ve excluida también de las becas. El dinero que gustosamente dedicarían a una educación de calidad se lo quitó el Estado en forma de impuestos abusivos. Y, a la hora del reparto, los valores de esfuerzo y exigencia transmitidos a los hijos se revelan inútiles. Las ayudas se conceden con frecuencia a quienes no las merecen.
Las consecuencias son incalculables. En un difícil entorno de telebasura y corrupción, se elimina la responsabilidad individual y se niega recompensa al sacrificio y el esfuerzo en razón de falsas políticas sociales. Se depaupera económica, moral y culturalmente a la clase media. Y, cada vez más, la moral de los impuestos solo podrá mantenerse mediante el terror, pues la solidaridad se revela como simple excusa.
Describió Bastiat el Estado como la ficción por la que cada uno intenta vivir a costa de los demás. La clase media, si sobrevive, sabrá que el Estado es su enemigo, porque ni puede manejarlo como los ricos ni puede beneficiarse de él como los pobres. Solo le esquilma.
La educación superior no es ni debe ser un derecho. Si es superior, no todos serán capaces de cursarla. Tiene un coste, y puede proporcionar beneficios a quien la sabe aprovechar. Por todo ello, carece de todo sentido que quienes no la usan se la paguen a quienes sí lo hacen. Una política de becas no ha de perseguir que todos puedan ir a la universidad, sino que los buenos estudiantes no frustren su formación por motivos económicos. Las universidades competitivas en el mundo más avanzado fomentan también que sus estudiantes sean los mejores, sufragando de distintas formas su presencia.
Por tanto, los precios de las universidades deberían reflejar el coste real, y a la vez se debería realizar una agresiva política de becas y empleos universitarios que primase la calidad y el esfuerzo. Ante un mínimo amago de tomar esa senda exigiendo para la beca algo más que un aprobado, la izquierda demagógica se escandaliza, y la derecha pazguata se encoge.
Ayer, una ilustre exministra socialista, presunta profesora universitaria, resumió el mensaje con ojos de odio: "¡La derecha quiere que los hijos de los pobres no estudien!". Claro. Se trataba de eso. Se trata de esta derechona que odia a los pobres. Se acabó el debate. Las becas de la ira.
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