Bien, esta vez es sentencia del Tribunal Supremo, instancia última, sentencia firme. La Generalitat ha de incluir una casilla en las hojas de preinscripción escolar para que los padres puedan elegir la lengua en que prefieran que sus hijos sean escolarizados. Es sencillo, es un derecho constitucional, lo avalan 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (la de 14 de septiembre 1062/2004 y la de 24 de noviembre 1198/ 2005) y esta sentencia firme del Tribunal Supremo; pero les aseguro que el Gobierno de Montilla no la cumplirá. Así llevamos desde 1999, cuando el último Ejecutivo de Pujol borró la casilla de las hojas de preinscripción. En realidad, nada cambiaba con su desaparición, pues la inmersión hacia oídos sordos a cualquier demanda de los padres o tutores. En Cataluña, se cumple la ley cuando interesa y, cuando no, se acusa a quienes demandan justicia de anticalanes.
Parlamentariamente, ya no se puede decir ni más claro ni más alto. Este diputado que les escribe ha instado a que se cumplan tales sentencias en numerosas ocasiones. La última a principios de curso a través de una propuesta de resolución de Ciudadanos, que, como pueden suponer, fue rechazada, en contra de los propios Tribunales. Esto, en cualquier país democrático, es no respetar la separación de poderes. Y ese proceder no es propio de Gobiernos democráticos.
Lo mismo aconteció con la desaparición de la tercera hora de castellano, que el decreto de enseñanzas mínimas de 7/12/2006 del Gobierno de la nación obligaba a impartir. Importó poco que un nuevo recurso ante los tribunales sentenciara en contra del departamento de la Generalitat o que un auto de medidas cautelares posterior no dejase salida alguna al Gobierno de Montilla. En comisión parlamentaria, el consejero de Educación, Ernest Maragall, me replicó que su percepción no interpretaba que se estuviera incumpliendo la ley, y el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, hacía lo propio con cinismo infinito días después en la pregunta de control al Gobierno. Ante mi insistencia a si cumpliría con el auto de medidas cautelares, replicó que su Gobierno siempre acataba las leyes.
Les repito, ni el Tribunal Supremo ni gaitas; el Gobierno de Montilla no cumplirá la sentencia. Ya lo ha dejado claro el secretario de Política Lingüística y ex militante del entorno de Terra Lliure, Joan Bernat: "Utilizan todas las armas posibles contra el catalán, pero esta sentencia no tendrá trascendencia y por tanto no afectará al modelo (lingüístico de inmersión)", porque "como mucho, pondremos una casilla de más en las hojas de preinscripción de las escuelas". Estas y otras bravuconerías las ha dicho en el Avui.cat.
Es hora catalanes de desmarcarse de estos neofascistas. Basta ya de ampararse en las desventuras históricas de una lengua para arrebatar los derechos lingüísticos de ciudadanos que tienen por usual otra. Basta ya de sacar el espantajo del anticatalanismo para imponer un apartheid lingüístico, cultural y nacional. Ya no engañan a nadie; ahora sólo hace falta que el Gobierno de la Nación con su presidente, Rodríguez Zapatero, a la cabeza, tenga el coraje de cumplir y hacer cumplir la ley, incluso a ese catalanismo ufano con ínfulas insufribles de superioridad moral.
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, los padres que han visto conculcados sus derechos desde el 99, han de recurrir a los tribunales no sólo para exigir la enseñanza en el idioma que hayan preferido, sino también para exigir daños y perjuicios económicos, cognitivos y morales a la Generalitat, por haber conculcado los derechos de miles de niños cuando no tenían edad para defenderse por sí mismos.
En esa defensa deberemos estar todos los partidos que aún creamos en la libertad y en la España constitucional.