El pasado viernes, 19 de diciembre de 2008, el Gobierno nacionalista de Cataluña y CiU volvió a dejar un documento para la historia propio de ingenieros sociales del más rancio racismo cultural; aunque, como siempre, hipócritamente enmascarado en la defensa de la cohesión social que ellos confunden con la imposición de una lengua propia y una cultura común nacionalista. Se trata del Pacto nacional por la inmigración. Ciudadanos y Populares lo han rechazado.
Este pacto se ha elaborado desde una concepción soberanista de Cataluña, de ahí sus numerosas intromisiones en competencias estatales: como la capacidad para otorgar la nacionalidad y la fijación de los requisitos para acceder a ella, la vía a la función pública, el derecho a ejercer el voto, o la dirección y gestión del reagrupamiento familiar. Todo ello resulta contrario a las políticas comunes de inmigración, ya que si se está aspirando a que haya cada vez más criterios comunes a nivel europeo, esta fragmentación de responsabilidades dentro de España sólo puede llevar a la división legal, a la burocracia y al caos.
Esta concepción soberanista está muy determinada por la Consejería de ERC que la impulsa –la de Acción Social y Ciudadanía, de Carme Capdevila– y por la dirección soberanista de quien lo está llevando a cabo, el comisario de Inmigración, Oriol Amorós, también de ERC.
Toda la cartografía del Pacto está concebida por y conduce a la construcción de la nación, por eso, el inmigrante es tomado como objeto: una mera oportunidad para alistarlo y educarlo en los valores soberanistas de una lengua común, una cultura catalanista y una política nacionalista. Y como era de prever, el Pacto deja establecida la exclusión del castellano en los planes de acogida y en las pruebas para acreditar los permisos de arraigo social e impone como lengua de acogida al catalán (lengua que, además, deberá acreditar si quiere tener ese arraigo en Cataluña o un trabajo).
El Pacto prevé rebajar la nacionalización a cinco años y poderla ejercer desde Cataluña después de negociarla a nivel bilateral con el Estado. Tal medida, como ven, trata de atraerse la simpatía del inmigrante, que al contrario del español desplazado de otras comunidades, carece de un sentimiento español, no tiene los conocimientos históricos y constitucionales de lo que es España y, por ello, resulta fácilmente moldeable a sus quimeras soberanistas.
La aspiración a tal competencia está estrechamente unida a la posibilidad de otorgar el derecho a ser funcionarios. Otro derecho que el inmigrante recibiría con mucha simpatía. Pero aquí hay muy poco de altruismo o de justicia y mucho de ingeniería social. La capacidad de otorgar la nacionalidad tendría como primer objetivo educar y cribar a todos aquellos inmigrantes asimilados que demuestren un dominio de la lengua catalana y de la cultura nacionalista para que formen parte de su causa nacional y así teñir la administración de soldaditos etnicistas de la nación. No es una broma, en diez años han llegado un millón y medio de futuros ciudadanos que tendrán plenos derechos, incluido el voto y que Carod Rovira pretende gestionar:
La inmigración, más que un problema puede ser una oportunidad: la nuestra. (...) Si los nuevos catalanes no se integran a la nación catalana, cívica y plural, lo harán a otra nación, con otro modelo de convivencia que, hasta ahora, nunca ha sido ni cívico ni plural. Si la nueva inmigración está con nosotros, el futuro será nuestro. Si no es así, no habrá para nosotros un futuro como pueblo (C. Rovira, 27/04/2005. L’Audotori de Barcelona)
Por eso pretenden que puedan acceder al funcionariado inmediatamente, que tengan estos requisitos y que ellos lo traten de justificar tramposamente con "su" cohesión social y "su" integración. En realidad, pura asimilación. Una lástima, porque una verdadera integración sería de justicia social para ellos y muy beneficiosa para el sistema educativo, policial, sanitario y demás instituciones del Estado.
La adquisición de la nacionalidad ahora mismo en España es un trámite burocrático que expide un juez. El Pacto pretende que sea competencia de la Generalitat, donde la lengua catalana y la cultura nacionalista serían requisitos imprescindibles para adquirir el arraigo social en un municipio, la nacionalidad u obtener trabajo. Esa misma afición a controlar todo el fenómeno inmigratorio, lleva a determinar que sea la Generalitat quien dé instrucciones y criterios unificados y para que los municipios (que ahora son quienes acreditan el arraigo) pierdan esa competencia a favor de los criterios de la Generalitat.
Esta ingeniería social no ha comenzado con el Pacto por la Inmigración impulsado por la Consejería de ERC de Carme Capdevila, sino que es la culminación trasversal de otras consejerías, como la de Educación y varias campañas como los "Planes de Acogida Lingüística" donde queda al descubierto todo el rechazo a la lengua constitucional de España, el Estado y la instrumentación por la vía de la asimilación de la inmigración. Ese origen independentista del Pacto, en nada disculpa la responsabilidad del presidente de la Generalitat, el socialista señor Montilla. Sus declaraciones en el día de la firma no dejan lugar a dudas. Pone en el hecho de la lengua común de acogida –que identifica sólo con el catalán– la garantía de que Cataluña siga siendo "un solo pueblo". Y es que se entiende todo: si para que en Cataluña haya cohesión social y sea un solo pueblo se necesita una lengua común, es evidente que al impedir que el castellano sea la lengua común de España, se está minando la cohesión social entre los españoles e impidiendo que sea un solo pueblo.