No debemos confiar demasiado en la eficacia de nuestros políticos cuando al presidente de la empresa más grande y decisiva de España, el Gobierno del Estado, le pagamos mucho menos que a cualquier directivo de una gran empresa: 89.303 euros al año. Si sus decisiones son acertadas su sueldo siempre estará amortizado y si son erróneas, siempre lo podemos echar votando. En uno o en otro caso, la responsabilidad es enorme. Hay, sin embargo una animadversión generalizada contra los "elevados" sueldos de nuestros diputados y demás cargos públicos.
José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, ha explotado esa inquina de los españoles contra sus políticos, proponiendo la congelación salarial de los diputados. La reacción ha sido unánime: todos han celebrado la medida en tiempos de crisis. Tanto, que PP y PSOE se han peleado en los medios de comunicación por dejar sentado que la propuesta ha salido de sus filas respectivas. ¡Qué unanimidad en nuestras ilustrísimas señorías! Todos están de acuerdo en congelarse los sueldos. Es tanta la predisposición y tanto el empeño en encabezar la autoría contra sus intereses, que algo no cuadra. ¿Alguno de ellos se atrevería a oponerse y soportar las consecuencias electorales en un país que odia y a la vez envidia la leyenda del político ocioso y trincador?
Aparentemente la congelación salarial de nuestros diputados es todo un ejemplo en momentos de crisis. Si hay que apretarse el cinturón, quienes lo proponen habrían de ser los primeros. Y lo han sido. Perfecto, todo un símbolo. Más allá de eso, el montante económico es ridículo. Carece de la más mínima incidencia en la disminución de la crisis. ¿Por qué se hace entonces? ¿Acaso para preparar la congelación salarial de los convenios colectivos de trabajadores y mileuristas?
Como trabajador, la medida del presidente del Congreso es reaccionaria, posiblemente contraria a la reactivación económica y por supuesto, tremendamente demagógica. Es reaccionaria porque la inflación recae al cien por cien en los trabajadores, no así en otros actores de la actividad productiva; por ejemplo, los que tienen capital en bienes inmuebles. Es contraria a la actividad productiva, porque la menor disponibilidad presupuestaria retrotrae la reactivación económica y es demagógica porque es una medida estética de réditos electorales seguros sin un ápice de sinceridad y eficacia.
Debería ser hora ya de dignificar la política; también en los sueldos. En una sociedad que busca la equidad, pero en la que los recursos para alcanzar la riqueza que la garantiza la generan las jerarquías y la competencia, los responsables de tareas decisivas para una empresa como la política deberían estar muy bien pagados sin por ello levantar recelos.
Quizás sería mucho más relevante poner coto a los gastos superfluos con apariencia de imprescindibles, dilapidados por cientos de políticos de campanario que proliferan hoy día como setas por las autonomías. Por ejemplo, los gastos de representación de comunidades autónomas con complejo de Estado (Carod Rovira abrirá una cuarta "embajada" catalana en Nueva York después de hacerlo a todo trapo en Berlín, Londres y París; los gastos de la última delegación desplazada para inaugurar la sede de París rondaron los 30.000 euros). O los informes encargados por el Gobierno de turno a una empresa amiga o a gente de ideología afín (32 millones de euros se gastó el año pasado el Gobierno Tripartito de la Generalitat de Cataluña por 1581 informes externos que en buena medida deberían haber sido hecho por los funcionarios que están, entre otras cosas, para ello). También podía ahorrarse algo en dietas forzadas, publicidad institucional (o directamente propaganda), viajes de difícil justificación con séquitos bananeros y lo que es peor: puestos designados ideológicamente con sueldos millonarios.
Hay de esto último una muestra sangrante. Hace unos meses el Parlament de Cataluña aprobó la creación de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMC), cuya función sería garantizar la independencia de los medios públicos de comunicación (TV3, Catalunya Radio etc.) del poder político. Su primera función y causa para la que fue creada se quebrantó desde el primer momento: los 12 puestos del Consejo de Gobierno se repartieron entre los partidos políticos. Sus sueldos nunca fueron publicados hasta que Ciudadanos exigió a través de preguntas parlamentarias su montante. El presidente de este organismo, Albert Sáez, recibe un sueldo de 128.856 euros al año, mientras que la retribución del resto de sus 11 compañeros se eleva a 115.579 euros anuales por barba. Estos salarios no incluyen las dietas. 1,4 millones de euros le cuesta al erario público un organismo de supuesta independencia política pero cuyos miembros son designados por cuotas. Y lo que es peor, el Gobierno de la Generalitat se niega a desvelar el sueldo de su directora general, Rosa Cullell. Desde el lunes sabemos por e-noticies que asciende a los 230.000 euros al año. Un sinsentido. Cobra 66.000 euros más que el presidente de la Generalitat, José Montilla, cuyo sueldo asciende a cerca de 170.000 euros, y 140.000 más que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que gana alrededor de 90.000 euros.
Bonito país el nuestro: un presidente de una comunidad autónoma que cobra el doble que el presidente de España y una directora de la CCMC que cobra ella sola casi lo que los dos presidentes juntos. ¿Tanto cuesta mantener la independencia de los medios frente al poder político?
Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe por qué un guardia civil de Cuenca o un policía nacional de Madrid cobra mucho menos que un "mosso d'escuadra"? Y mientras eso sucede, entretenemos al personal con la congelación salarial del IPC de los representantes del pueblo.