Tienen razón los nacionalistas cuando aseguran que "nada será igual que antes". Pero no será por la sentencia, ni tampoco por la manifestación soberanista en Barcelona, sino porque todos los españoles han visto y oído al fin en el Debate del Estado de la Nación el carácter soberanista y rupturista del catalanismo y la torpeza prevaricadora del presidente del Gobierno español dándole apoyo para sostenerse en el poder. No ha dudado en afirmar que los artículos inconstitucionales del estatuto catalán, pese a que han sido declarados fuera de la máxima norma, se pueden desarrollar a través de leyes orgánicas. O sea por la puerta de atrás. Es decir, según el máximo responsable de la seguridad del Estado, lo que el Constitucional no puede admitir en el estatuto (que, por cierto, es una ley orgánica) se podrá imponer por ley orgánica. Y encima hemos de aguantar oírle decir que acata la sentencia. Acatar la sentencia es cumplir lo que la sentencia dicta, no esquivarla para imponer por otro medio lo que expresamente no ha querido legitimar.
El primer paso para solucionar un problema es advertir de su presencia. Durante años lo hemos padecido en Cataluña, ahora lo han visto en toda España. El catalanismo no quiere un encaje con España si el encaje no le garantiza privilegios: pretende un estatus soberanista que le asegure relaciones de bilateralidad con el Estado español dentro del marco europeo.
En la búsqueda de ese camino, no han dudado en destruir el prestigio del Constitucional para destruir su legitimidad democrática. El descaro de estos últimos días ha dejado al descubierto el talante pseudodemocrático de muchos de sus responsables políticos. Nada nuevo entre quienes confunden su ideología política con la patria y la defensa de ésta, con la democracia. Pero es insólito que quienes teniendo el deber de defender la ley porque presiden instituciones del Estado, propaguen su incumplimiento o directamente la conculquen.
Se amontonan los pronunciamientos espirituales: el Ayuntamiento de Port de la Selva se ha declarado "municipio moralmente excluido del ámbito de la Constitución" (la tontería ya ha sido imitada por otros). Montilla había exclamado antes con énfasis teatral: "No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación". Era el espíritu de su declaración institucional tras el fallo del Tribunal Constitucional y el principio de una insurrección jurídica. Con el lema de la manifestación del sábado: "Som una nació: nosaltres decidim, pasaban de la retórica al desacato". El consejero Josep Huguet hacía un llamamiento el lunes pasado a la "insumisión legal desde las instituciones" y a la "desobediencia civil por parte de los ciudadanos de Cataluña". El consejero de Educación, Ernest Maragall, declaraba que la sentencia "es inaceptable" y que "no hará falta modificar ni una coma del Estatuto ni de la LEC". El vicepresidete Carod Rovira y el propio presidente Montilla han declarado que no se modificará ley alguna de las aprobadas bajo el Estatuto inconstitucional. El miércoles Carod Rovira lo decía a la salida de la reunión del Gobierno de la Generalitat: "El Gobierno de Cataluña no hará ninguna modificación de estas leyes. Y si nos han de llevar ante los tribunales, que nos lleven, iremos".Preguntado por la prensa si esto lo había dicho Montilla, Carod Rovira respondido que: "La frase no es mía, la frase es de él".
También el miércoles, en el mismísimo Congreso de los Diputados, Joan Ridau, de ERC insultó a los miembros del T.C. y llamó a los catalanes a no acatar la sentencia sin que el presidente de la nación española en su contestación hiciera valer su autoridad para recriminar su conducta insurreccional. ¿Cómo iba a hacerlo si en la contestación a Duran i Lleida le había garantizado saltarse la propia sentencia?
La inseguridad jurídica que apoya y alienta quien debería velar por hacer cumplir la ley está envalentonando a simples alcaldes a la insurrección contra el Estado. Si el entrenador de España hubiera sido Zapatero no tendríamos en común ni el color de la camiseta.
España no es un estado de ánimo. Tampoco un estado de ánimo provocado por el triunfo de la Roja, ni excitado por la exaltación sentimental del soberanismo catalanista, sino una constitución jurídica de ciudadanos libres e iguales sometidos a la ley. ¿Se lo podrá meter en la mollera el adulador de la Moncloa?