No es la mejor sentencia (fallo, de momento), pero no es la peor de las posibles. Agrieta la igualdad de todos los españoles (en espera de las interpretaciones de la sentencia, ningún español podrá alegar desconocimiento del catalán ante el requerimiento de trabajo en Cataluña), abre nuevos frentes de confrontación contra la cohesión social y sentimental de España (la reivindicación de selecciones deportivas propias, distintas de la española, incluido el fútbol o los juegos olímpicos), deja otros dispuestos para litigios interminables (como la bilateralidad o la financiación), pone una venda sobre la infección simbólica del concepto de nación, que es donde reside su eficacia y no sólo en su fundamento jurídico, y sobre todo no cierra heridas ni impone el imperio de la ley con personalidad de Estado, sino que abre un avispero de incalculables consecuencias para la estabilidad nacional, cuyos costes los acabará pagando de su bolsillo el ciudadano de a pie en litigios judiciales cada vez que el desarrollo de la norma se cruce con sus derechos. En una palabra, no apacigua a la fiera del sentimentalismo nacionalista, ni la reduce a la legalidad.
Pero el fallo no es el peor de los escenarios: impide la venta del poder judicial por parcelas, reduce la financiación a la solidaridad nacional, el defensor del Pueblo recupera su capacidad jurisdiccional en Cataluña, o deja posibilidades legales para que los derechos lingüísticos de los castellanohablantes no sean excluidos. Habría sido el comienzo irreversible del proceso soberanista si no hubiera eliminado la aspiración a parcelar el poder judicial o si no hubiera eliminado la primacía del catalán a través del término "preferente". En ellos tenían la materia real de la construcción nacional, y no tanto en la financiación (que la conseguirán igualmente por atajos políticos), ni en el simulacro de arremeter contra el término jurídico de nación, sin ser consecuentes hasta el final y extenderlo al valor simbólico que conserva en el preámbulo. Fallo inmenso dejarlo vivo en el imaginario colectivo, pues aunque sea sólo en el plano simbólico, lo utilizarán como realidad negada y sometida a un Estado externo. Una fuente inagotable de victimismo que servirá de coartada para vender un repertorio infinito de contrabando político. Como hasta la fecha han hecho.
Desactivado el problema del poder judicial, el escenario lingüístico no empeorará. Incluso si el gobierno de la nación es consecuente, el Congreso de los Diputados se decide a hacer una ley de derechos lingüísticos para toda España y los jueces son tan diligentes como lo han sido los magistrados del Tribunal Constitucional para eliminar los artículos del Estatuto que ponían en riesgo sus propios intereses judiciales corporativos, el articulado lingüístico no podrá impedir la libertad de cualquier ciudadano de Cataluña a utilizar la lengua de su elección en las instituciones, incluida la escuela.
Eliminar el "uso preferente" de la lengua catalana del artículo 6.1. permite que el castellano y el catalán puedan ser lenguas de uso en la escuela, y no sólo el catalán, ya que el adverbio "normalmente", que prima el uso de la lengua catalana, pero a la vez limita su uso exclusivo como lengua docente, pasa a ser el elemento corrector de la exclusividad. Ello hará posible que las autoridades académicas de la Generalitat no puedan impedir que el castellano pueda ser utilizado como lengua vehicular y los libros de texto puedan ser, además de en catalán como hasta ahora, también en lengua común española. Tal como queda este artículo, el catalán ocupa un lugar de privilegio, pero no preferente ni exclusivo y, por tanto, el TC no avala la inmersión (mecanismo de exclusión vehicular del castellano por excelencia), por mucho que sus defensores nacionalistas se empeñen en repetir lo contrario hasta convertirla en verdad publicada.
Ya lo consiguieron con motivo de la sentencia 337/1994 del Tribunal Constitucional, cuya doctrina de la "conjunción lingüística" fue manipulada hasta hacerle decir lo contrario de lo que decía. Efectivamente, este modelo consagra que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares sin que ninguna de ellas pueda ser excluida como lenguas de enseñanza. Así de claro lo dejó ya la doctrina constitucional 337/1994 en el apartado (FG 10) cuando, en atención a su protección como lengua aún por normalizar, se le otorga el derecho de ser lengua vehicular de la enseñanza: "siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma". Es precisamente este fundamento jurídico el que se ha esgrimido ahora.
Es decir, aunque prime al catalán, no lo hace exclusivo como lengua docente. Ello permite que si no es preferente ni única, el castellano tiene legítimo y constitucional derecho a compartir el derecho a ser lengua vehicular.
Sabemos que la administración nacionalista nunca permitirá esa interpretación, incluso hemos comprobado que no rectificarán ni con sentencias firmes de los tribunales, pero sabemos que ella tampoco podrá actuar judicialmente contra quienes impartan clases en castellano, den libros en la lengua de todos los españoles o se relacionen así con la comunidad escolar. Tendrán problemas, por eso digo que sólo si hay un Gobierno nacional de verdad, un Congreso valiente y unos jueces atentos, nadie podrá impedir que se vayan recuperando espacios de libertad y derechos hasta ahora conculcados.
Todo indica, además, que las aclaraciones e interpretaciones de otros artículos abundan sobre esta doctrina hasta dejarla meridianamente clara. A la espera de esos fundamentos jurídicos y de las interpretaciones de la sentencia, la inmersión obligatoria será inconstitucional. Los ciudadanos nos habremos de hacer valer y denunciar ante los tribunales la conculcación de nuestros derechos lingüísticos. No hay otro camino, los nacionalistas no rectificarán. Bueno, sí hay otro camino: los votos.