Ya tardaban. Los políticos y burócratas de la Vieja Europa tenían a Google desde hace mucho tiempo en su punto de mira. Parecía molestarle su éxito y no sabían cómo castigar a la compañía norteamericana por ser capaz de alcanzar una popularidad que ningún rival de este lado del Atlántico puede llegar a soñar. Ya intentaron, en un paleto arrebato de orgullo chovinista, crear una alternativa subvencionada que se quedó en nada. El "famoso" buscador de internet europeo Quaero pasó a formar parte de la larga lista de fiascos en los que nuestros gobernantes han malgastado el dinero de los contribuyentes.
Pero ahora han encontrado la excusa perfecta: un supuesto abuso de posición dominante. Según los eurócratas, Google podría estar violando las reglas comunitarias de la competencia al priorizar en los resultados de su motor de búsquedas sus propios servicios frente a los ofrecidos por otras compañías. La idea no se les ha ocurrido por sí solos a los burócratas de la Comisión Europea. El Ejecutivo de la UE ha decidido investigar la cuestión tras la denuncia interpuesta por diversos rivales, que protestan por el hecho de que el gigante online favorezca sus propios servicios frente a los de ellos en los resultados que ofrece a los internautas.
Las empresas denunciantes, y la Comisión Europea al decidir investigar la cuestión, manejan un peculiar concepto de la competencia. Google es una compañía privada que tiene en las búsquedas online su principal actividad, pero no la única. Por lo tanto, resulta lógico que al ofrecer resultados intente beneficiar el resto de sus servicios. No se trata de una institución pública que tenga que mantener una estricta neutralidad entre competidores.
En realidad, lo que pretenden los demandantes es que su propia ineficacia a la hora de conseguir usuarios sea compensada mediante la intervención de quienes ocupan los despachos de Bruselas. Esto es especialmente evidente en el caso de Bing, el buscador con el que Microsoft no ha logrado su objetivo de recuperar una primacía que perdió hace mucho tiempo en internet.
Quienes deben decidir si Google actúa mal cuando favorece la aparición de sus propios servicios en los resultados son los usuarios. A ellos, y no a los políticos y burócratas comunitarios, corresponde decidir si la compañía traiciona de esta manera su famoso lema de "no hacer el mal". Y parece que por el momento no creen que sea así, o al menos no les molesta. El día en que lo hagan se pasarán a otros buscadores que respondan a sus necesidades de forma más satisfactoria. Nadie obliga a todos y cada uno de los internautas que usan Google a seguir buscando a través de su página.