Sin duda alguna, la anorexia y la bulimia no son para tomárselas a broma. Son dos terribles enfermedades que causan estragos en personas de todas las edades, pero sobre todo en jóvenes y menores. Sin embargo, la libertad de expresión también es algo muy serio que debe ser respetado con un cuidado exquisito. Y esto último es algo que no ha hecho Leire Pajín.
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha pedido a los responsables de Twitter que actúen para aislar, "respetando la libertad de expresión", aquellas cuentas donde se fomenten las dos enfermedades antes citadas. El problema es que ese tipo de actuación necesariamente afecta a la libertad de expresión. Se justifica diciendo que la actuación responde a una iniciativa ciudadana. Eso no es suficiente. Si un grupo, pequeño o grande, de personas creen que es positivo que la red social actúe contra ese tipo de perfiles, están legitimados para pedir a la compañía que lo haga. Pero mediante una iniciativa privada destinada a convencer a los responsables de la empresa de que se trata de algo positivo.
La misma ministra reconoce que los mensajes contra los que quiere que actúen los responsables de Twitter no constituyen ningún hecho delictivo. Sin embargo, sorprendentemente, la vía utilizada para contactar con ellos ha sido la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Ha enviado a la tradicional pareja de la Benemérita, aunque sin tricornio y en versión electrónica, para que se encargue del asunto. Ello le da, se quiera o no, un toque intimidatorio a la actuación gubernamental.
Y no queda ahí la cosa. Sanidad se dedicará a rastrear la red social en busca de los mensajes perseguidos y el listado de los encontrados será entregado a Twitter por la Guardia Civil. Estos contenidos, por preocupantes que sean, no son delictivos. Por tanto, el Instituto Armando no debería ocuparse de una labor que le transforma en una intimidante demandadera de Leire Pajín. Con la anorexia y la bulimia no debería bromearse, pero tampoco con la libertad de expresión.