Lo ha vuelto a hacer. Si hace siete meses González-Sinde dijo que se comprometía a "lograr que internet sea compatible con todos los intereses", ahora sostiene que desde el Gobierno están trabajando "para ofrecer el mejor equilibrio posible para los intereses de todos". Más de medio año ha transcurrido entre una declaración y otra, prácticamente idénticas, y lo único que hemos visto ha sido un intento gubernamental de proteger los intereses del lobby de los derechos de autor a costa de los derechos de los ciudadanos.
Una diferencia fundamental entre entonces y ahora es que su imagen está, por difícil que pareciera hace algo más de medio año, todavía más dañada que en aquellos momentos. Debe de ser un papelón para ella decir, como lo ha hecho, que el Gobierno está "muy satisfecho" con el "debate social" sobre los derechos de autor en internet. La revuelta "internáutica" le ha dejado maltrecha ante la opinión pública, pero ella debe salir a dar la cara en nombre de todo el Ejecutivo. El hombre que piensa que la Tierra es del viento no dará la cara y seguirá dejando que la ministra de Cultura cargue con una responsabilidad que es de él.
En cualquier caso, ni el presidente del Gobierno al que alguien debió traducir aquello de the answer is blowin' in the wind ni la guionista metida a política quiere reconocer la verdad. Lo que desde el Gobierno no se quiere reconocer es que lo que ellos llaman "debate social", –la revuelta de miles de internautas contra un intento de meter de forma rastrera una norma contraria a la Constitución– fue un movimiento en el cual la sociedad defendió la libertad frente a los intereses de unos grupos afines al poder.
No está en juego aquí el equilibrio entre "todos los intereses" o los "intereses de todos". Muy al contrario, de lo que se trata es de la libertad de expresión, puesto que contra ese derecho tan elemental intentaban atentar al pretender crear una comisión con capacidad de cerrar sitios web sin intervención judicial, frente a los privilegios de unos pocos beneficiarios del actual sistema de propiedad intelectual. Y no cabe debate o negociación posible en esos términos.
La libertad no es negociable. No existe legitimidad alguna para tratar de recortarla en defensa de intereses particulares. A no ser que quien tiene el poder se considere a sí mismo como un huracán arrasador o una benigna brisa y considere que "la libertad no pertenece a nadie, salvo al viento".