Pocos días antes de que finalizara 2007, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), por la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) que viera la luz durante la segunda legislatura de José María Aznar. Ambas causaron ciertos niveles de malestar en el mundo internauta español, pero por distintos motivos. La disposición por la que más se atacó a la primera de ellas se incluyó en la segunda sin que generara tanto malestar y además de forma más sangrante: nos referimos a la posibilidad de que alguna autoridad no judicial pueda ordenar el cierre de una página web.
El debate que se produjo en relación con la ley aprobada por los socialistas y sus socios parlamentarios se centró, sin embargo, en torno al canon digital. Un debate que además se acrecentó por culpa de la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones cuando dijo que la posición en contra del mismo por parte de los senadores de su partido se había debido a una equivocación a la hora de votar. Esto no era cierto, puesto que los populares ya habían votado con anterioridad en el mismo sentido en la Cámara Alta y terminaron votando de la misma manera en el Congreso.
Además de empeorar la imagen de su grupo al mostrar una falta de unidad profunda, Rodríguez Salmones hizo dos grandes favores al PSOE al permitir, por una parte, que muchos medios de izquierdas se centraran en la posición del PP y así no tuvieran que hablar del voto socialista y de IU y, por otra, crear una cortina de humo sobre una cuestión todavía más grave existente en la LISI. Esta norma permite lo que los populares eliminaron de la LSSI antes de aprobarla, y por lo que senadores socialistas como Félix Lavilla habían protestado con contundencia: que autoridades no judiciales puedan cerrar páginas web. Ahora el PP ha intentado que también se elimine esta liberticida potestad concedida a organismos administrativos.
Lo ha hecho en el Senado mediante una proposición de Ley para modificar la norma de manera que tan sólo un juez pudiera ordenar este tipo de medidas. Ha sido rechazada gracias a la oposición de los socialistas. Estos senadores del PSOE han mostrado un gran desprecio por la libertad de expresión y un cinismo profundo. Lavilla, que sigue en el Senado, y sus compañeros de grupo deben explicar a los ciudadanos por qué un recorte de la libertad es malo si está contemplado en un proyecto del PP –aunque después se elimine en la norma que se aprueba– y no lo es cuando la ley es aprobada por el PSOE. Y puestos a dar explicaciones, también deberían hacerlo todos esos ciberactivistas y periodistas de izquierdas que protestaron contra la LSSI y callan ante este atropello perpetrado por Zapatero y los suyos.