A ningún padre (o madre, no vayan a enfadarse conmigo Leire Pajín y Bibiana Aído) responsable debe de hacerle gracia que sus hijos menores de edad accedan a contenidos pornográficos en internet. Es lógico, por tanto, que busque formas de evitar que esto ocurra. Puede, entre otras cosas, acompañar a sus retoños mientras estos navegan o instalar alguna de las distintas herramientas de control parental disponibles en la actualidad.
Por tanto, a algunos les parecerá una buena idea que el primer ministro británico, David Cameron, haya logrado que cuatro importantes proveedores británicos vayan a bloquear por defecto todos los contenidos pornográficos a no ser que el usuario pida de forma explícita lo contrario. Sin embargo, no es en absoluto una buena noticia. Con independencia de que dicho bloqueo se vaya a aplicar a todos los internautas que navegan con esas compañías o tan sólo a sus nuevos clientes, es algo que no debería ocurrir. No al menos de la forma en la que se ha tomado la decisión.
La clave está en la intervención del primer ministro, que deja entrever que ha existido algún tipo de presiones o promesas, o una combinación de ambas, que ha logrado que las operadoras tomen esta decisión. Si los proveedores lo hubieran hecho sin intervención alguna de los poderes públicos se trataría de algo legítimo. Podría ser la iniciativa de unos empresarios especialmente concienciados con la protección de la infancia o de un modo de tratar de captar un determinado tipo de clientes (padres con hijos pequeños). Pero no ha sido esto último lo que ha ocurrido.
Cameron ha decidido jugar a ser el padre de los británicos. Tal vez considera que el resto de progenitores son incapaces de tomar decisiones destinadas a proteger a sus hijos, como instalar sistemas de control parental, y ha optado por actuar en lugar de ellos. Se comporta como si todos sus compatriotas fueran incapaces de educar a sus hijos, poniendo además restricciones a la libertad de expresión (hasta la pornografía debe estar protegida por la misma).
Es a los padres británicos, y no a David Cameron, a quien corresponde la responsabilidad y el derecho de impedir que sus hijos accedan a contenidos inconvenientes.