El primer ministro italiano, Romano Prodi, y su subsecretario, un tal Ricardo Franco Levi, preparan una de las leyes sobre Internet más liberticidas de las que se tengan noticia en Italia. De salir adelante, supondría el fin de buena parte de la Internet italiana. Esta quedaría reducida a las empresas con capacidad de pagar a una compañía editora (o registrarse como tal) y a un periodista y a las bitácoras u otros tipos de web de profesionales de la comunicación dispuestos a pagar un impuesto. Además, la Red transalpina podría ir olvidándose de la existencia de foros y de comentarios de los lectores.
La ley Prodi-Levi contiene varios puntos contrarios a la libertad de la Red. En primer lugar, el creador de cualquier web debe registrarla en el equivalente italiano a la CMT, obtener un certificado y pagar un impuesto aunque no tenga fines comerciales. Así, mientras que en el resto del mundo crear una bitácora puede ser algo que ocupa apenas unos minutos (utilizando servicios como Blogger, por ejemplo) y no cuesta dinero, en Italia puede convertirse en un proceso largo y engorroso al tener que enfrentarse a la burocracia al mismo tiempo que caro por tener que hacer frente a imposiciones fiscales.
A esto se suma que toda web tenga que funcionar bajo el amparo de una compañía editora (¡adiós a las páginas personales o de compañías de otros sectores que no estén puedan encontrar un socio de este tipo!) y a tener como "director responsable" a un periodista registrado. La mera existencia de la figura del "periodista registrado" es cuando menos discutible, viene heredada de la época de Mussolini y su existencia en España tuvo lugar en la época de Franco, aunque IU quería recuperarla en el congelado Estatuto del Periodista.
Pero el pretender que este tipo de profesional con aval estatal tenga que supervisar las webs es una locura liberticida que garantiza la desaparición de gran parte de la Red italiana, que se limitaría a páginas creadas sólo por profesionales de este tipo o por personas que pudieran pagar a uno de ellos para poner su nombre. Por cierto, que en citado Estatuto del Periodista se pretendía lo mismo para buena parte de los blogs españoles.
Y un último detalle liberticida. Si el propietario de un blog o una web de otro tipo "pierde el control" sobre algún contenido difamatorio que aparezca en el mismo, puede terminar en la cárcel. Dicho de otro modo, se le hace responsable de todos aquellos mensajes que los lectores puedan escribir como comentarios en su bitácora o en los foros de su web. Algo que resulta totalmente demencial.
Por cierto, resulta cuando menos interesante que la bitácora política más influyente, Il Blog de Beppe Grillo, es especialmente crítico con el Ejecutivo de izquierdas que promueve esta ley. Esperemos que la norma no salga adelante. Ya conocemos de sobra a los políticos europeos. Si en un solo país una legislación restrictiva con la libertad en Internet consigue ser aprobada, el resto de gobiernos se darán prisa en imitar el ejemplo y tratar de imponer una similar contra sus compatriotas.
