A las tradiciones habituales en España de los primeros días de enero, como las doce uvas para darle la bienvenida o los Reyes Magos, se ha sumado desde hace unos años una nueva: la declaración alarmista de Amnistía Internacional (AI) contra los videojuegos. Una vez más, como ya ha ocurrido a comienzos de otros años, esta organización pide al Gobierno que ejerza un mayor control sobre este tipo de entretenimientos en nombre de la protección de la infancia. La asociación tiene razón cuando asegura que "las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego, no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños", pero en el resto desbarra.
AI pretende que existe una "dejación de responsabilidades" del Gobierno al poner la "protección de los derechos" de los menores en manos de las empresas de videojuegos a través de su código de autorregulación. Se equivoca de pleno. Quien debe impedir que los niños accedan a contenidos adecuados no son las empresas ni el Ejecutivo. Son los padres. Amnistía Internacional cae en ese defecto típico de muchos moralistas con ansias de control social. Creen que los ciudadanos no son lo suficientemente maduros como para discernir sobre lo que es bueno para ellos y sus descendientes. De forma prepotente, los responsables de la organización se consideran por encima del común de los mortales y pretenden quitar a los progenitores la potestad de decidir qué es bueno y qué no lo es para sus hijos.
De forma anual, AI muestra un talante intervencionista y totalitario que choca de forma frontal con los principios que dice defender: los derechos humanos. Esta organización pretende recortar la libertad de empresas y padres. Claro que no debe sorprender en alguien que monta campañas contra la censura sin denunciar a los censores. Generación tras generación han sido los adultos quienes han evaluado y decidido los contenidos de todo tipo, escritos y audiovisuales, a los que accedían sus vástagos. Con los videojuegos no ha de ser diferente. Cualquier padre responsable mirará no sólo la clasificación por edades que venga en el envoltorio de cada título, se molestará en comprobar en persona a que juega su hijo. Y es precisamente esa autonomía personal y esa capacidad de decidir de cada uno a estos moralistas de principios del siglo XXI.
¿Qué pasaría si alguien pidiera un mayor control estatal sobre el contenido de los libros? Que todo el mundo, incluyendo los de Amnistía Internacional incluida, protestaría indignado ante semejante intento de volver a la época de la censura y de los "índices" de publicaciones prohibidas. ¿Y si la petición se refiriera al cine? Pues lo mismo. ¿Por qué han de ser diferente los videojuegos? ¿Tan sólo debido a que se trata de un nuevo género? Pues sí, seguramente tan sólo a eso. Los responsables de Amnistía Internacional han demostrado otra vez más que tienen alma de censores digitales. Y como tales han de ser denunciados.
