Los liberales no se han cansado de repetir las recetas más adecuadas para sufrir lo menos posible los efectos de la dura crisis económica. Una crisis que es consecuencia, no lo olvidemos, de un conjunto de malas intervenciones que han empujado a la gente a equivocarse en masa y no del exceso de libertad económica.
Ya desde los inicios de la crisis, allá por 2007, algunos analistas –como los del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana– defendían la reducción de impuestos para aliviar las cargas de los contribuyentes y aumentar su renta disponible, así como la flexibilización de los mercados de factores productivos, sobre todo del de trabajo, con el fin de hacer el reajuste productivo más llevadero.
Sin embargo, como resulta evidente, nada de eso se ha hecho. El mercado de trabajo apenas se ha tocado y las elevadas rigideces siguen presentes, a pesar de la insistencia de gran parte de los economistas para reducirlas. Las cuentas públicas se han deteriorado a un ritmo frenético, elevando las preocupaciones de los inversores acerca de la salud y solvencia del Reino de España. El gasto público se ha disparado fruto de los estabilizadores automáticos –el mecanismo por el cual en época de recesión se eleva el déficit público por el incremento del desempleo y la reducción de ingresos fiscales– y de la propia inercia del sistema, mientras que ya se anuncian incrementos de impuestos.
Uno de los argumentos que suelen esgrimirse para no reducir el gasto público es el de la cohesión social. El Estado debe encargarse de que haya cohesión social, y eso sólo se consigue mediante un Estado del Bienestar que provea de los bienes y servicios más básicos a la población (como la educación y la sanidad), se encargue de las personas más necesitadas que no pueden valerse de sí mismas (desempleados, niños, ancianos, pobres), etc. Y para ello, resulta necesario mantener elevados el gasto público y los impuestos.
Además, para criticar la flexibilización del mercado de trabajo, se alega que con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de los trabajadores, hace falta un sistema laboral que no permita fácilmente el despido a los trabajadores por las horribles consecuencias que ello acarrea en su entorno.
Pero, ¿y si esta estrategia fuera a conseguir lo contrario de lo que se persigue, es decir, que en vez de favorecer la cohesión social, se fomentara el conflicto y el malestar entre la población?
La cuestión que parece más obvia es la que se refiere al mercado de trabajo. No sé qué suerte de cohesión social se pretende impulsar con un sistema laboral que, en las fases recesivas del ciclo, expulsa a una cantidad ingente de sus trabajadores; y que mantiene dos niveles de empleo, diferenciados entre los indefinidos que disfrutan de elevados privilegios y ‘protecciones’ y quienes no los tienen. Más bien, parece un excelente caldo de cultivo para las envidias sociales y la frustración de no poder conseguir un empleo por poca remuneración que éste ofrezca; una sangría que afecta especialmente a los jóvenes. Los expertos llevan ya tiempo alertando contra este sistema regulatorio anticuado y rígido que algunos califican de "brutalmente ineficiente" y "catastrófico". Todavía estamos esperando reformas serias ante la amenazante mirada de quienes viven cómodamente del statu quo.
En relación con el enorme déficit público que se ha generado en muy poco tiempo, uno también se pregunta qué es lo que está ganando nuestro país atrayendo la desconfianza de los inversores y analistas financieros internacionales al amasar una elevada deuda pública que deberán pagar quienes nada tienen que ver con estos desaguisados –esto sí que es solidaridad intergeneracional– y dificultando la verdadera recuperación económica.
Quizás lo que busquen sea la cohesión social que ahora están disfrutando los griegos, quienes se han visto obligados por las circunstancias a aplicar unos planes de austeridad donde se pretende reducir drásticamente el gasto público con el simple objetivo de salir con vida de ésta. No descartaría que algo similar a lo sucedido en Grecia, quizá con menor intensidad, pase aquí si es que el Gobierno no se da prisa en aplicar las medidas dolorosas de austeridad presupuestaria que ya algunos recomendaban a finales de 2007.
Este tipo de medidas son las que han sido aplicadas en Irlanda, país que también ha sufrido las fatales consecuencias de la burbuja inmobiliaria –causada por una fuerte expansión del crédito venida del Banco Central Europeo–, y ahora parece contar con mejores perspectivas de futuro. En Irlanda las palabras de promesas de estabilizar el déficit público no han caído en el vacío, como sí suele pasar con las de Obama y Geithner en EEUU, sino que han ido seguidas de severas medidas para recortar el gasto público. Como explica Harry Phibbs:
Todas las subvenciones, desde aquellas relacionadas con la vivienda hasta las relacionadas con la cultura, han sido severamente recortadas. Los activos excedentes han sido vendidos. Se ha disminuido la burocracia. Las ayudas al desempleo han sido reducidas porque según Lenihan (Ministro de Finanzas irlandés): "un sistema de protección social no acorde con los costes laborales del resto de la economía puede llevar a la gente a prolongar su situación de desempleo".
Y, cómo no, los resultados son positivos. Según The Economist: "La dura medicina parece estar funcionando, a medida que Irlanda sale de la recesión, las finanzas públicas mejoran y la economía vuelve a ganar la competitividad pérdida dentro del euro".
La incompetencia de la administración Zapatero, sin embargo, no inspira demasiadas confianzas de que se vayan a tomar las medidas correctas voluntariamente. Probablemente, estas medidas tengan que aplicarse por presiones internacionales, a la fuerza, tarde y mal; y las consecuencias podrían ser como lo que se ha visto en Grecia.
En ese caso, que espero que no tengamos que vivirlo porque se actúe antes de que venga el lobo, el argumento intervencionista de la cohesión social se lo podrían tragar con patatas sus muy ilustres proponentes.