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Álvaro Vermoet Hidalgo

Flandes hoy, Cataluña mañana

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interino e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España.

¿Se imaginan que los nacionalistas triunfasen definitivamente en España? ¿Que lograsen imponer un modelo de Estado basado no en la independencia, sino en la sumisión del resto del país? Dejen de imaginar, vénganse a Bélgica.

Al igual que España, Bélgica es una monarquía constitucional, en la que el Rey no tiene ningún poder. Sucede que en Bélgica, el Gobierno tampoco. Bélgica se divide en tres territorios, tiene seis gobiernos y siete asambleas legislativas (lo que explica que nunca se tome ninguna decisión efectiva... y que las decisiones que se toman nunca sean efectivas). La cooficialidad de lenguas que aún rige formalmente en España no existe en Bélgica, de tal forma que los francófonos (40%), los neerlandófonos (60%) y el pequeño grupo germanófono conforman tres comunidades lingüísticas. Sin embargo, las mismas no coinciden con la división territorial hecha hace décadas, y son los gobiernos territoriales (Valonia, Flandes y Bruselas) y no las comunidades lingüísticas los que tienen todo el poder político.

Mientras que en Bruselas (ciudad-región enclavada en Flandes) rige un bilingüismo estricto, pese a tener sólo un 10% de flamencos frente a un 70% de francófonos y Valonia (que vive una situación comparable a la de Andalucía o Extremadura: estancada económicamente y sumergida en socialismo y corrupción) es francófona, es en Flandes, oficialmente neerlandófona pero con poblaciones francófonas, donde se ha producido y se sigue produciendo un esfuerzo político por desterrar de la vida pública a los francófonos. Como ejemplo, véase la expulsión de los francófonos de la Universidad Católica de Lovaina (donde me encuentro estudiando) impulsada en 1968 por los democristianos flamencos de la Universidad, entre los que se encuentra el nuevo presidente de la UE, Van Rompuy. La estrategia del nacionalismo flamenco (que no es un partido: son todos los partidos políticos a los que se puede votar en Flandes) es la misma que la del catalán: primero apelar a la flexibilidad del país para que quepan las "especificidades" propias y después negar esa misma flexibilidad dentro de su territorio; defender primero un Estado federal (o autonómico) y, obtenido el poder territorial, pasar a defender una confederación; conjugar un discurso y un programa contra el Estado a la vez que dominan todo el poder político del Estado.

La delimitación de Flandes llevó consigo el compromiso de que el Gobierno flamenco respetara a las poblaciones francófonas de Bruxelles Halle Vilvorde (hoy 75% francófonas) que rodean a Bruselas. Sin embargo, los partidos flamencos consideran que ya ha llegado el momento de acabar con esa "irregularidad", empezando por las escuelas francófonas controladas por el Gobierno flamenco. Hace algunas semanas, el parlamento regional se ha arrogado la competencia de "inspeccionar" estas escuelas a iniciativa del partido neofascista N-VA. Recientemente, la mayoría flamenca ha impuesto la "escisión" total de Bruxelles Halle Vilvorde respecto de Bruselas, con el fin de que estos municipios francófonos pasen a estar completamente bajo el control del Gobierno flamenco. Y ello no se hace sólo para impedir que los ciudadanos, mayoritariamente francófonos, puedan expresarse en francés ante la Justicia y ante la Administración (el francés está literalmente prohibido en la administración flamenca).

Lo que pretende impedir Flandes es que los 150.000 francófonos que viven en Bruxelles Halle Vilvorde puedan votar a los partidos francófonos, pudiendo sólo votar a los nacionalistas flamencos, todo ello con la oposición del Front Démocratique des Francophones. A esto hay que añadir el caso de varios alcaldes elegidos por aplastantes mayorías absolutas en estos municipios, no reconocidos oficialmente por el Gobierno de Flandes por haber utilizado sus electores papeletas en francés, lo que ha conllevado una denuncia del Consejo de Europa.

El integrismo lingüístico-territorial aplicado en Flandes se fundamenta, como el catalán, por una parte en una idea de Estado-nación que identifica territorio y lengua y, por otra, en "compensar" la marginación que históricamente han sufrido los flamencos y su lengua, no sólo una marginación política, como en el caso catalán, sino también económica (brillantemente retratada en Daens). El programa de pureza lingüística flamenco acaba de incluir medidas como prohibir el uso del francés durante el recreo o la expulsión sistemática de los niños que hablen en francés durante las actividades organizadas por la agencia deportiva flamenca. La política lingüística del nacionalismo catalán, destinada a convertir el castellano en lengua extranjera en Cataluña, se asemeja pues a la del nacionalismo flamenco, con el agravante de que en Flandes la mayoría no habla francés mientras que en Cataluña se trata de cambiar la lengua materna de muchos ciudadanos que, además, sí es oficial en Cataluña (pese a lo cual los castellanohablantes en Cataluña parecen haber asimilado como algo natural que su lengua no sea oficial "de facto" en su propio país, mientras que los francófonos de Flandes resisten).

Pero es al sistema de partidos políticos a donde quería llegar en la comparativa con Cataluña. Expliquemos la cuestión de los partidos con otra comparación. Cuando Rosa Díez se negó a que Ciudadanos fuera la sucursal de UPyD en Cataluña, buscaba evitar una situación como la del PP en Navarra con la UPN o, sobre todo, como la del PSC, un partido nacionalista catalán que juega el rol de franquicia del PSOE cuando ello le conviene, lo cual resulta dramático dado que los votos originariamente los aportaba el PSOE catalán y no el minúsculo PSC. El resultado es que en la práctica, cada vez más, en Cataluña sólo se puede votar al nacionalismo.Pues bien, en Bélgica la situación de UPN y del PSC es la que define la vida política: no sólo no existen partidos a nivel federal (existen democristianos, socialistas y liberales en los tres trozos del país sin que ninguno tenga relación alguna con su homólogo desde hace décadas), sino que resulta jurídicamente imposible poder votar a los partidos de la otra región, y ni siquiera en las elecciones federales se intenta fingir la existencia de programas o líderes nacionales.

Este modelo, que se impone en Cataluña y se generaliza con el desarrollo Estado autonómico, tiene más que ver con el modelo político que con los sentimientos identitarios de los ciudadanos de estas regiones. La generalización del nacionalismo catalán no se debe a su fuerza social originaria (véase la victoria de los partidos nacionales, UCD y PSOE, en las primeras elecciones catalanas, o la ratificación en referéndum de la Constitución española, que obtuvo más participación que el Estatuto) sino a la falta de sentido de Estado de los partidos nacionales cuando decidieron "confundirse con el paisaje" nacionalista, movidos precisamente por los incentivos que caracterizan el modelo político del Estado autonómico tal y como se está desarrollando. Es por ello que se está llegando a la misma situación en el resto de España, según van adoptando ambos partidos nacionales la estructura de poder del Estado.

Incentivos que perjudican precisamente al sentimiento nacional, puesto que una región en la cual los partidos nacionales no adopten el modelo territorial de poderes (el de Flandes, el de Cataluña) perjudicará a esa región, al carecer de fuerza sus diputados para presionar al Gobierno de la misma forma que lo hacen los nacionalistas. Se incentiva, pues, el poder de quienes quieren acabar de desmontar el Estado y se penaliza a los pocos que resisten.

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interino e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España, y que es al que vamos –sin la preceptiva reforma constitucional que haría falta y que iría en sentido contrario de la que pide la gente– gracias al Tribunal Constitucional y a otras instituciones. En Bélgica se han fomentado las identidades territoriales y lingüísticas frente a la identidad nacional, cuando precisamente las identidades nacionales se crearon para evitar continuos conflictos étnicos o comunitarios.

Tal vez España estaría a tiempo de no acabar como Bélgica en materia territorial si los partidos políticos nacionales pactaran la regeneración del Estado que parecen pedir los ciudadanos. Desde luego, una reforma constitucional sería un paso a seguir, sobre todo en materia de educación y lengua, pero en realidad lo único que hace falta es que los dos partidos nacionales actúen con sentido de Estado. No sé si haría falta un Ministerio de la Identidad Nacional como el francés, pero tengo claro que hace falta una educación nacional y unas instituciones nacionales que refuercen la identidad nacional, basada no en imponer una manera de entender el país, una lengua o un sentimiento territorial, sino en el verdadero respeto a la pluralidad: un régimen político de libertades, fundamentado en la igualdad de los ciudadanos y en la soberanía nacional. Lo contrario, permitir la creación de identidades territoriales en un Estado descentralizado, es el caldo de cultivo para acabar como Bélgica.

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