El nuevo modelo aprobado el 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el apoyo (a regañadientes en algunos casos) de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, a las que se sumaron Cantabria y Canarias, y la incomprensible abstención de las CCAA gobernadas por el PP, es la conclusión natural de la irresponsable deriva iniciada por Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura, al avalar que el PSC impulsara y aprobara en el parlamento autonómico un proyecto de Estatut de Cataluña inconstitucional por los cuatro costados. Un Estatut que sólo en parte fue enmendado durante su tramitación en las Cortes y que –aunque todavía pendiente de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP– es para el PSC y los partidos independentistas catalanes, la única norma de obligado cumplimiento en España.
Quiero hoy comentar tanto la vergonzosa negociación que ha conducido al acuerdo como las reacciones que ha suscitado en los partidos artífices del pacto y los que se han abstenido o lo rechazan, dejando para otra ocasión examinar la lógica (o, más bien, falta de lógica) económica del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.
La negociación
Que el Gobierno de Rodríguez Zapatero carece de credibilidad ha quedado patente en la negociación del nuevo modelo de financiación. En un artículo que publiqué a comienzos de abril (Sevilla-Madrid-Barcelona), tras leer las primeras noticias sobre el inminente cambio de Gobierno, advertía de que "el verdadero objetivo de la remodelación decidida por el Sr. Rodríguez Zapatero no es mejorar la eficacia del Ejecutivo para luchar contra la crisis, sino deshacerse de algunos ministros cuya presencia impide restablecer puentes con los nacionalistas catalanes". Los hechos han confirmado plenamente esta tesis. Se le podía criticar su falta de reflejos y determinación para abordar la crisis financiera y la recesión económica, pero lo que nadie puede quitarle a Solbes es el mérito de haberse resistido durante tantos meses a satisfacer las injustificables demandas de los partidos nacionalistas catalanes (PSC,CiU, ERC e ICV-EUiA) para cerrar el acuerdo sobre financiación en la fecha límite (9 agosto 2008) establecida en el Estatut. Y prefirió al final que lo cesara Rodríguez Zapatero a ceder en este punto a la presión de Montilla y Cía.
No es ninguna exageración afirmar que la crisis de Gobierno de abril tuvo como objetivo principal eliminar a todos los ministros que se habían resistido a hacer concesiones gratuitas al gobierno catalán o habían sido especial objeto de sus iras: como Álvarez, ministra de Fomento, por la llegada del AVE a Barcelona; o Cabrera, ministra de Educación y responsable de la aprobación del decreto de enseñanza mínimas; y Molina, ministro de Cultura, que había protagonizado también algún duro enfrentamiento con sus señorías nacionalistas. Una vez eliminados estos ministros que se oponían a otorgar mayores concesiones –Salgado al frente de Economía, Blanco en Fomento, Gabilondo en Educación y González-Sinde en Cultura– se ha conseguido en poco más de tres meses lo que no se logró en casi tres años: negociación bilateral y acuerdo de financiación, aceptación de que no se aplique el decreto de enseñanzas mínimas, traspaso de cercanías y... lo que venga. Supongo que a estas alturas está bastante claro cuál era el verdadero propósito de la remodelación del Gobierno impulsada por Rodríguez Zapatero.
Reacciones de los partidos a favor del nuevo modelo
Mientras Granado, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, afirmaba que el visto bueno al nuevo sistema de financiación autonómica "es un buen acuerdo para la salida de la crisis", sin molestarse en explicarnos cómo se obrará tal prodigio, Salgado, ministra de Economía y Hacienda, algo más comedida y evitando confirmar las cifras anunciadas desde Cataluña, tiraba balones fuera y señalaba "que el nuevo modelo es fruto del trabajo que se llevó a cabo bajo la dirección del ex ministro Pedro Solbes... corregido en la cifra adicional que el Gobierno ha establecido para compensar a las comunidades": los 11.000 millones adicionales que el Gobierno se ha comprometido a inyectar en el sistema para que conseguir la aquiescencia de Cataluña.
Montilla, presidente del Gobierno autonómico de Cataluña y secretario general del PSC, hizo gala de su mejor retórica para anunciar que el pacto alcanzado "hará grande a Catalunya, a su gente y a sus valores" y "servirá para alcanzar nuestros objetivos como país"; agradeció al Gobierno español por cumplir sus "compromisos bilaterales", no sin recordar que "Catalunya sabe decir que no, cuando toca. Y sabe decir que sí, cuando la propuesta es justa y estatutaria"; y mostró su esperanza de que "un día se juzgue como merecen... aquellos que no han tenido ningún escrúpulo en minar las bases de la convivencia con tantas calumnias y mentiras... y que siguen negándonos lo que es justo". Ya ven Vds. para este presidente autonómico, lo justo es que Cataluña se quede con 3.600 de los 11.000 millones inyectados en el sistema, financiado con deuda pública del Estado español, pues no de otra manera se podrá financiar esa inyección cuando se estima que el déficit público este año rondará el 10% del PIB.
Puigcercós, presidente de ERC, el partido independentista con el que gobierna el PSC en Cataluña, destacaba que el acuerdo conseguido marca un "punto de inflexión" porque a partir de ahora "la gente puede ver que, si se trabaja y se presiona, la política es útil, y hemos plantado cara al Estado y hemos ganado". Para remachar su directa explicación el líder de ERC, aliado de Rodríguez Zapatero en todas sus batallas contra la España de los ciudadanos iguales ante la ley, se situaba incluso antes de aprobarse el texto en el cuarto año de su aplicación y anunciaba que los recursos conseguidos de los tributos cedidos "quedarán consolidados" si bien éste no es el "sistema definitivo" que, para ERC, "sigue siendo el concierto económico, y mejor todavía, la independencia de Catalunya". A este buen ciudadano que ve el nuevo acuerdo de financiación como un paso más hacia la independencia de Cataluña es al que Rodríguez Zapatero llamó el 11 de julio para "convencerle" de que aceptara la propuesta del Gobierno español. Y él confirmó posteriormente que aceptó porque el acuerdo garantiza a Cataluña 3.855 millones más en 2012, no 3.600 como dice el PSC. Si esta cifra no se llegara a alcanzar, tanto mejor, pues así ERC podría acusar al Gobierno español de incumplir el acuerdo con Cataluña y pasar a reclamar el cupo o la independencia en 2012.
Reacciones de los partidos contrarios al modelo
CiU se ha desmarcado finalmente del acuerdo tras haber demandado al Gobierno doce cifras diferentes (entre 1.200 y 9.000 millones) en función de las circunstancias, y ha instado, sin éxito a ERC, a rechazarlo como "obligación patriótica". Falto de argumentos contundentes, Mas se ha justificado ante las fuerzas vivas de Cataluña, favorables a coger el dinero ofrecido, con el argumento de que es mejor para el "país" que CiU rechace el pacto a fin de "no quedar prisionera de un acuerdo insuficiente y poder reclamar en el futuro el cumplimiento íntegro del Estatut", cuando su partido llegue presumiblemente al gobierno de Cataluña en 2010. En ayuda del cada vez menos joven y fiable líder de CiU, artífice del Pacto de la Moncloa que desencalló la tramitación del proyecto de ley del Estatut en las Cortes, salió su mentor Pujol, quien en una declaración institucional se preguntó: "si después de tantos recortes Catalunya acepta que la financiación no se ajuste al Estatut, ¿cómo podremos defender nuestro derecho?". Para el líder nacionalista, "no se puede construir un país a base de subastas y habilidades puntuales" y advirtió de que se corre el riesgo de que la opinión pública no dé importancia a que se incumpla el Estatut a favor de una ganancia económica.
En un primer momento, Rajoy criticó un acuerdo falto de transparencia, cerrado con un pequeño partido político y una comunidad, sin contar con el principal partido de la oposición y la mayoría de las comunidades autónomas. Para el líder del PP, estaríamos ante "una gigantesca chapuza que discrimina a los españoles de hoy y que es insolidario con los españoles de mañana". ¿Cómo es posible que tras estas contundentes descalificaciones el PP impusiera la abstención a las comunidades por él gobernadas? Peor y más inquietante incluso fue la reacción del PP en Cataluña, pues según el sentir de Millo, diputado autonómico del PP, "Cataluña recibirá menos de lo que necesita" para hacer frente a la crisis económica y "menos de lo que había prometido el Gobierno", una frase digna de figurar en la lista de desatinos más notables del PP catalán. Al parecer de este diputado, Cataluña debería haber recibido una cuantía superior a la que ha satisfecho a los insaciables independentistas de ERC.
Resumen y conclusión
Para los partidos que han apoyado el pacto, la aprobación del nuevo modelo de financiación abre las puertas a la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2010 (PSOE), aumenta los recursos del gobierno autonómico catalán (PSC) y es un paso hacia la independencia (ERC). Para los partidos que no han apoyado el modelo, se trata de una chapuza que traerá más paro y agravará la crisis (PP) y es insuficiente porque no cumple el Estatut (CiU) o no proporciona los recursos que necesita Cataluña (PP catalán).
A la vista de la tímida reacción del principal partido de la oposición ante este nuevo paso para transformar España en la suma de 17 reinos de taifas cuyos presidentes republicanos discuten acaloradamente su aportación al sostenimiento de la Casa del Rey, me temo que no hay muchas esperanzas de que la historia vivida en 1996 no vuelva a repetirse en 2010 ó 2011, si el PP ganara las próximas elecciones generales. Así que nadie a quien le preocupe el cariz que está tomando la articulación territorial de España puede hacerse muchas ilusiones: la ventaja que otorgaba el CIS al PP en su última encuesta no garantiza un cambio sustancial en el modelo autonómico si el PP se limita a denunciar las chapuzas. Esperemos que sea consecuente e interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo modelo de financiación.