Mientras existan jueces en la Audiencia Nacional que permitan manifestaciones de carácter "abertzale", ETA seguirá viva, presente en las calles y, por supuesto, legitimada para negociar su actualización en las instituciones democráticas. ETA, los criminales de la banda terrorista más vieja de Europa, cuenta para su supervivencia con el cinismo asumido o cobarde de formales "razonamientos" jurídicos, que lejos de desarrollar el Estado de Derecho, lo hunden en las miserias de un "supuesto" derecho, o peor, en una concepción de la ley como algo estático. Pura formalidad.
Para empezar a nadie formado en una mentalidad democrática se le ocurre tomarse en serio a una asociación que reivindica "derechos" de territorios; los derechos son de los individuos, de las personas, o no son derechos. Una asociación que pide permiso para manifestarse "por los derechos de Euskal Herria" no sólo es sospechosa de ilegalidad, sino que está poniendo en cuestión el mismo Estado de Derecho. Sólo por eso, sí, la manifestación del sábado en San Sebastián debería haber sido prohibida.
Esa marcha proterrorista deja claro tres asuntos. Primero: Un individuo que ha delinquido puede volver a delinquir, sobre todo, cuando se reafirma en los principios que fundamenta su delito. El terrorista o sus amigos tienden a ratificarse en sus principios. Este tipo de asociaciones en el límite con la legalidad acaba violándola, como así ocurrido; así lo razonaba la policía y el fiscal, pero el juez de turno de la Audiencia Nacional les enmendaba la plana balbuceando que "no puede inferirse de los informes policiales la existencia de ilícito penal, pues en ningún momento hasta la fecha ( de solicitud de manifestación) se hace referencia a que en el acto convocado se vayan a realizar actos de enaltecimiento a personas, grupos o elementos terroristas o menospreciar a sus víctimas."
Cínico no es el nombre que tiene ese "razonamiento"; menos todavía podemos llamarle "garantista", pues que el fondo de la garantía, o sea, no llevar a cabo actos a favor de ETA, según el mismo juez, tiene que ser preservada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todos, en fin, sabemos cómo se llama la conducta del juez que ha permitido la manifestación de ETA a favor de ETA; sí, digo ETA, porque estos criminales saben manejar perfectamente los formalismos para pasar desapercibidos con otros nombres, por ejemplo, "asociación de ciudadanos" o lo que sea. Y es que el cobarde y el terrorista tienen muchas cosas en común, segunda gran conclusión del aquelarre del sábado en San Sebastián, pero, por encima de todas, predomina su respeto escrupuloso a las formalidades, especialmente jurídicas.
Tercero: el razonamiento formal contenido en la resolución del juez para autorizar la manifestación proetarra no sólo pone en cuestión el Estado de Derecho sino la propia figura del juez. Si el juez autorizó la manifestación, pero a su vez ordenó al Ministerio del Interior que impidiera actos de apoyo a ETA y a su entorno, así como "la utilización de pancartas, lemas o eslóganes", es decir, si la esencia de la garantía de legalidad de la manifestación es delegada por el juez en la policía, ¿qué pinta la figura del juez? Nada; o peor, es una figura formalista que, indirectamente, contribuye a seguir "legitimando" a criminales que manejan las formalidades, sin duda alguna, muchísimo mejor que los débiles argumentos de jueces incapaces de entender que el Estado de Derecho no es algo dado de una vez por todas, sino una tarea en permanente creación.
¿Cuál es la gran aportación intelectual y jurídica de este juez al desarrollo del Estado de Derecho?